El CGTS denuncia que los Presupuestos para 2016 no reponen lo recortado en los últimos cuatro años en servicios sociales
· Los 2.093 millones previstos suponen un recorte del 16,7% respecto a lo presupuestado en 2011.
· El Plan Concertado, lejos de reponerse, como exigían los profesionales, se congela.
· Los 75 millones que se suman a la dependencia serán insuficientes para atender a las 440.000 personas aún sin ayudas.
El Consejo General del Trabajo Social (CGTS), que representa a unas 40.000 trabajadoras y trabajadores sociales de toda España, denuncia que, pese al aumento del 7,7% de los presupuestos destinados a servicios sociales previsto para 2016, todavía se van a invertir 422 millones menos que cuando empezó la legislatura, lo que supone un recorte real del 16,7% desde 2011.
“Aunque desde el Gobierno se lance el discurso triunfalista de que han aumentado los presupuestos en servicios sociales, no los han devuelto a los niveles anteriores. Se hace hincapié en que hemos salido de la crisis, pero lo cierto es que se sigue invirtiendo menos que hace cinco años, aunque la demanda haya aumentado. Los y las profesionales seguimos viendo como los servicios sociales están desbordados y las ayudas cada vez son más escasas”, denuncia la presidenta del CGTS, Ana Lima.
Plan Concertado congelado
En este sentido, el Plan Concertado, la partida con la que el Estado cofinancia, con autonomías y ayuntamientos, los centros municipales de servicios sociales, se ha congelado por tercer año consecutivo. En realidad ha disminuido en 170.000 euros los 32 millones anteriores. Para el Consejo General del Trabajo Social reponer esta partida es crucial, para el mantenimiento de la red pública de servicios sociales. Los centros municipales de servicios sociales son la puerta de entrada al sistema, a través de ellos se solicitan ayudas como la de la dependencia o las rentas mínimas. Además de hacer un informe, un diagnóstico y un pronóstico social, es donde se hace un seguimiento de los casos y, entre otras cosas, permite dotar de ayudas de emergencia a las familias. Por ello, reforzar este capítulo es una de las principales demandas que el CGTS ha remitido a los partidos políticos en un documento de propuestas para que las incluyan en sus programas electorales (Leer AQUÍ )
Los y las profesionales de referencia en el sector de lo social llevan años denunciando un cambio de modelo. “La responsabilidad pública, del Estado y las administraciones, se está derivando al tercer sector, que debe ser complementario. Estamos dejando el Estado de Bienestar para volver a la beneficencia”, insiste Ana Lima.
Un ejemplo de ello, duramente criticado por el CGTS, es el hecho de que el Fondo de Ayuda Europea para los más necesitados, que reparte el Estado, destine en 2016 107 millones a los bancos de alimentos. Es el triple de lo que se destina al Plan Concertado, base de la Red pública de Atención Primaria. “No nos oponemos a los bancos de alimentos, hacen una labor necesaria, pero no puede ser que reciban más dinero público que el propio sistema”, explica Ana Lima. El Consejo General defiende que es la red pública la que debe velar porque las ayudas se den de forma racional, de acuerdo a unos criterios establecidos, siguiendo el principio de igualdad, de la capacidad de la persona para sobreponerse y recuperarse de la situación, sin que nadie quede marcado por su situación económica.
Cantidad insuficiente para la dependencia
Finalmente, el CGTS cuestiona que el incremento de 75 millones que se va a destinar a la dependencia, sea suficiente. En 2015, esta partida se congeló en 1.177 millones, aunque ya se sabía que el 1 de julio entrarían en el sistema unos 310.000 dependientes más que hasta ahora no tenían derecho a las ayudas, los moderados. Para 2016, el Ejecutivo destina 1.252 millones, 75 millones más alegando que se van a destinar a atender a estas personas. A ellas hay que sumarles otras 130.000 personas, con grados más elevados de dependencia, que están en lista de espera.
Además de insistir en que es inadmisible mantener las listas de espera en dependencia, el Consejo General del Trabajo Social ha reclamado en varias ocasiones que se derogue el Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, que entre muchas otras cosas, eliminó el pago de las cuidadoras familiares de la cotización por parte del Estado. En cualquier caso, la dotación prevista resulta insuficiente.
