* En una situación de aumento de la demanda a causa del empobrecimiento de la población, congelar los presupuestos supone condenar a millones de españoles y españolas a la exclusión social.

* Los y las trabajadoras sociales estiman en un 74% el aumento de la demanda desde el inicio de la crisis, según el I Informe Servicios Sociales en España (ISSE), del Consejo General del Trabajo Social.

Los Presupuestos Generales del Estado para 2015 que ha presentado hoy el Gobierno contribuyen, una vez más, a desmantelar el sistema de servicios sociales y a dejar desprotegido al número creciente de personas que más lo necesitan. En una situación donde la demanda se ha disparado (un 74% desde 2009, según el I ISSE, que publica el Consejo General del Trabajo Social), “resulta inconcebible que se mantenga el presupuesto para atender a un volumen mucho mayor de personas”, denuncia la presidenta del Consejo General del Trabajo Social (CGTS), Ana Lima. “Estos presupuestos no responden al aumento de la pobreza y de exclusión social que estamos sufriendo. El Gobierno está mirando hacia otro lado”, insiste.

El Consejo General del Trabajo Social recuerda que, aunque los presupuestos totales para los servicios sociales se mantengan prácticamente iguales que este año (de 1.809 a 1.943 millones), desde 2011, esta partida se ha visto reducida en más de 600 millones, lo que supuso un recorte del 28%. Aun cuando se mantuvieran los niveles de inversión de 2011, la cuantía sería insuficiente, ya que la demanda se ha disparado, critica el Consejo, que representa a unos 40.000 trabajadores y trabajadoras sociales de toda España, agrupadas en 36 colegios profesionales.

Prácticamente todos los apartados dentro de los servicios sociales mantienen para 2015 la misma aportación estatal que para 2014. Y en el caso de la Ley de Dependencia, el presupuesto también es el mismo. Ana Lima lo considera un insulto a las 176.667 personas que siguen a la espera de recibir una ayuda, aunque oficialmente la tienen reconocida. El CGTS recuerda, que, además, miles de personas con dependencia están saliendo cada mes del sistema. “La ley cada vez atiende a menos personas por falta de presupuesto y no se incrementa la partida. Están desmantelando la Ley, poniendo en peligro la vida de cientos de miles de personas”, advierte Ana Lima.

El Consejo destaca también que la partida destinada a la red básica de servicios sociales se mantiene, en 32 millones de euros. Teniendo en cuenta que se trata de la puerta de entrada a todo el sistema de servicios sociales, los y las trabajadoras sociales destacan su carácter “anecdótico”. Hay que recordar que hace sólo tres años, esta partida contaba con casi 90 millones de euros.

La Red básica de servicios sociales se basa en la estructura municipal, en la proximidad, y de hecho, su mantenimiento peligra con la reforma de la Administración Local, que, en el apartado de servicios sociales, entrará en vigor el 1 de enero de 2016.

El Consejo General del Trabajo Social considera que estamos asistiendo al desmantelamiento de los servicios sociales en un momento “crítico, de emergencia social”. Por ello, ha iniciado una campaña para que la Constitución recoja los servicios sociales como un derecho fundamental y de carácter universal. De esta forma, el sistema quedaría blindado. El CGTS emitió en julio una petición formal a todos los grupos parlamentarios y de momento ya ha obtenido el respaldo de grupos como el PSOE.