Declaración del CGTS en apoyo a las personas afectadas por migraciones forzosas

Los movimientos migratorios son un fenómeno al que la sociedad española no es ajena, sino todo lo contrario: este fenómeno es muy próximo y cercano, ya que nuestro país tiene larga trayectoria en distintos periodos de su historia en ser, tanto emisor como receptor de personas que se ven obligadas a migrar por causas ajenas a su voluntad y contrarias a su propio proyecto de vida.

A mediados del siglo pasado en España se produjo un proceso de migración interna hacia el norte de España, y también hacia Europa y América en el intento de buscar las personas mejores condiciones de vida, miles de familias sufrieron el desplazamiento de familiares, de amigos/as de personas queridas que se enfrentaron a este desafío en busca de oportunidades.

Las décadas de los ochenta y noventa estuvieron marcadas por el fenómeno inverso, la llegada de personas provenientes de África y los países más pobres de América y Europa cuya motivación era similar.

Los inicios del siglo XXI, de nuevo han estado marcados por la emigración de ciudadanos/as españoles que ante la grave crisis económica de los últimos años se han visto forzados a buscar nuevas oportunidades en otros países.

En todo caso, las migraciones forzosas acarrean un efecto perverso, tanto para las personas que las sufren, como para los pueblos que pierden su capital humano; sea cual sea el motivo que las impulse: hambrunas, las guerras, los conflictos armados, la violencia, las falta de medios mínimos para sobrevivir, etc.

Es momento de reflexionar, pero sobre todo de actuar ya con solvencia ética en defensa de los Derechos Humanos, la Dignidad de las Personas, de las posibilidades de Igualdad, y de generar entre todos/as estructuras para el Desarrollo Sostenible, para La Paz y la Justicia Social.

Desde nuestra organización colegial, como representantes de más de cuarenta mil Trabajadores/as Sociales, defensores de las personas más vulnerables, y miembro permanente de la FITS Europa y FITS Mundial:

• Que no es admisible que las actuaciones de las políticas de fronteras en la UE estén provocando tanto o más sufrimiento y desprotección a las personas refugiadas que el sufrido en los países de los que huyen.

• Que la política de reparto de cuotas no debe mantener en el sufrimiento y abandono a millones de personas (niños/a, mujeres, hombres, ancianos) enfermas, con hambre, con frío, sin saber el paradero de sus familiares, etc.

• Que se respeten y garanticen los DD.HH en los países receptores.

• Que como estructural colegial, tanto en el ámbito español como a nivel europeo y mundial, nos ponemos a disposición del gobierno, comunidades autónomas y corporaciones locales, para articular y desarrollar cuantas propuestas sean necesarias y convenientes.

• Que la rapidez, con actuaciones estructurales y coordinadas con la sociedad civil, mitigaría el sufrimiento y evitarían escenarios de racismo y xenofobia.

• Que la atención social que requieren las personas que se han visto forzadas a abandonar sus países de origen no puede quedar reducida a la solidaridad inmediata y el voluntariado; tienen derecho a una intervención profesional, no hacerlo sería una vulneración de sus derechos a la atención social.

• Que la sociedad española ha demostrado en reiteradas ocasiones que es solidaria y está dispuesta a colaborar una vez más.

SOLICITAMOS

• Que ante una situación de extrema urgencia y emergencia se requiere de una intervención pública en los mismos términos.

• Que se debe atender a estas personas desde el sistema Público de Servicios Sociales, al objeto de normalizar la intervención, tanto con la población refugiada-inmigrante como con la población autóctona.

• Que el Sistema Público de Servicios Sociales viene sufriendo recortes permanentes y que es urgente y necesario dotarlo de más medios para que pueda hacerse cargo de la atención social a los personas que sufren por migraciones forzosas.

• Que por parte de las Administraciones Públicas se lidere y coordine cuantas actuaciones sean necesarias para la adecuada atención social que este contexto de crisis humanitaria requiere, todo ello en colaboración con la sociedad civil.