La mayoría de partidos políticos rechaza la reforma local porque acabará con los servicios sociales municipales

“¿Consideráis que la reforma de la Administración Local acabará con el sistema público de servicios sociales? ¿Cómo se debería aplicar la ley para evitarlo?”. Con esta doble pregunta, lanzada por la presidenta del Consejo General del Trabajo Social, Ana Lima, ha arrancado este viernes a mediodía el Foro Político de Servicios Sociales, en el que han participado representantes de ocho partidos. Todos, excepto el PP, han rechazado la Ley.

El turno de palabras ha arrancado con la intervención de Niko Gutiérrez, responsable de expansión de UPyD en el País Vasco. Según ha denunciado, “la reforma tiene una incógnita absoluta en servicios sociales” que prevé será “en la mala dirección”. Gutiérrez ha defendido los servicios sociales como “el derecho de la ciudadanía”, por lo que lamenta que el debate no se esté situando en su mantenimiento. “Nos estamos alejando de los servicios sociales. Ya no solo somos desiguales ante la riqueza sino ante la pobreza”, ha insistido.

Por su parte, Íñigo Pombo, viceconsejero de de Asuntos Sociales del Gobierno Vasco, del PNV, ha hecho un repaso a las diferentes normativas que regulan los servicios sociales y ha rechazado la reforma. Pombo ha hecho hincapié en la necesidad de los servicios sociales y ha defendido la labor que en ese sentido hacen los ayuntamientos.

Amaya Fernández, portavoz del PP de Barakaldo, ha sido la única integrante de la mesa que ha defendido la Ley. Ha justificado la reforma “por la necesidad de evitar duplicidades” que ha cifrado en 403 millones de “malgasto”. Fernández ha asegurado que donde más duplicidades se producen es en los servicios sociales y ha asegurado que las políticas de austeridad “mejor hay que llamarlas políticas de racionalización del gasto”. Parte del público ha abandonado la sala cuando ha asegurado: ”En referencia a los servicios sociales, no sé en qué puede afectar [la reforma] a los derechos de los ciudadanos”.

“Las leyes inútiles debilitan las necesarias”. Con esta cita a Montesquieu ha comenzado su intervención el diputado en el Congreso por Coalició Compromís, Joan Baldoví. “Sí que importa quién paga las cosas (…) los servicios sociales bullen de gente. Conocéis a las personas, sabéis dónde viven. Los municipios tenemos que dar la cara”, ha asegurando, poniendo ejemplos de su paso por el ayuntamiento de Sueca (Valencia). Baldoví ha asegurado que derivar los servicios sociales a las diputaciones generarán un alejamiento de las personas “y no se podrá atender con el conocimiento de causa”.

Por su parte, Ander Rodríguez, diputado foral de Política Social de Gipuzkoa por Bildu, ha asegurado que mantener los servicios sociales depende de la voluntad de la administración. “Si se quiere, se puede”, ha recalcado. Ha rechazado de plano la reforma y ha criticado que “la deuda privada se haya convertido en pública por el rescate bancario”. Rodríguez ha destacado que se esté produciendo un empeoramiento de las condiciones de vida de las personas y ha insistido en la necesidad de mantener y potenciar la Ley de dependencia.

Javier Ruiz Fernández, director de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Portugalete y ex consejero de Empleo, Formación e Inclusión Social del Gobierno Vasco (PSOE), ha asegurado que “la ventaja de la ley es que no se puede cumplir”. Ha lamentado que se esté trasladando el debate a una pugna entre distintas administraciones cuando en ese traspaso se produce la desaparición de servicios. Ese es el drama”. Los ciudadanos dejaran de tener el servicio que tienen. Se ha olvidado de lo que ha ocurrido en 30 años.

Desde Podemos, Xabier Benito ha denunciado un ataque al municipalismo. “Los ayuntamientos pierden autonomía y se pierden los servicios sociales”, ha asegurado. “Esta norma hay que pararla desde la calle y con nuevas propuestas.
No dejemos q nos hagan los servicios sociales, hagámoslos nosotros y nosotras”, ha animado.

Amaia Martínez, concejal de IU en Barakaldo y responsable del Área de Mujer de IU Federal, ha criticado la reforma, ha acusado al Gobierno de la situación de las familias por “sus compromisos con la troika” y ha defendido la red pública de servicios sociales: “No es lo mismo que se presten desde la administración pública o privada”, ha insistido. También ha destacado que la reforma de la Administración Local va afectar sobre todo a las mujeres.

El debate ha servido para visibilizar las posturas y los matices de los diferentes partidos ante la reforma. Del mismo modo, las numerosas intervenciones por parte del público han hecho llegar a los políticos las principales demandas y puntos de vista de los y las trabajadoras sociales.

El acto ha estado moderado por la presidenta del Colegio Oficial de Trabajo Social de Bizkaia, Carmen González.