El Gobierno Vasco desoye a los y las trabajadoras sociales e incumple así los requerimientos de las nuevas Leyes en materia de evaluación de víctimas de violencia de género, victimas de agresión sexual y de protección jurídica de personas con discapacidad

La realidad es que estas nuevas legislaciones contemplan estas violencias y vulnerabilidades como lo que son, fenómenos sociales que requieren de una respuesta, explicación y contextualización social, y no únicamente médica o psicológica.
Entre las medidas que incluyen recogen la evaluación forense de carácter interdisciplinar dirigida a los tribunales de justicia. El trabajo social forense ha de dar cuenta en los tribunales tanto de las situaciones sociales, familiares y culturales como de los contextos en los que se han producido los delitos o las vulnerabilidades. Resulta crucial para las víctimas, victimarios y personas vulnerables aportar un diagnóstico social forense.
La Ley Orgánica de garantía integral de la libertad sexual señala que serán las unidades de valoración forense integral las que se ocuparán también de los casos de violencias sexuales contra las mujeres, niñas y niños, y que serán reforzadas y se garantizará su presencia en todo el territorio del estado. La violencia sexual contra niños, niñas y mujeres ha crecido exponencialmente y que a día de hoy no se ha ampliado la plantilla de trabajadoras sociales forenses de las unidades de valoración forense integral. Dichas plantillas asimismo se encuentran descompensadas en el número de profesionales que la componen, siendo Álava y Gipuzkoa las provincias en las que no hay trabajadoras sociales a la par que psicólogas.
En materia de personas menores, la nueva Ley Orgánica 8/2021 señala específicamente que la prueba preconstituida ha de ser llevada a cabo de forma interdisciplinar por los Equipos Psicosociales. A día de hoy no se ha contratado a ninguna trabajadora social forense para ello. La tendencia de contratación durante estos últimos 30 años, ha sido únicamente la de la psicología, habiendo generado un brutal desequilibrio en la composición de los equipos psicosociales y en las de las unidades de valoración forense integral. De ello se desprende una visión exclusivamente psicologicista de problemas que son sociales como la violencia de género y la sexual.
Con la reforma de la legislación civil y procesal para el apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica la ley incorpora que para proceder a las medidas de protección es necesario un dictamen social pericial preceptivo, y es la figura del/la trabajadora social forense la referente para la emisión de un diagnóstico pericial, así como para evaluar la provisión de apoyos a las personas vulnerables que incluyen a menores en el contexto judicial.
La presidenta del Consejo General del Trabajo Social, Emiliana Vicente considera que “la actuación de la administración autonómica debe orientarse hacia la contratación de

personal de refuerzo en los juzgados, el trabajo social es una figura profesional establecida en el sistema forense de protección social. Los y las trabajadoras sociales son el enlace con otros sistemas de protección (servicios sociales, salud, educación, etc..) donde directa o indirectamente tienen afectación las personas que son objeto de emisión de un informe social”.
“Las nuevas leyes y las modificaciones normativas consolidan la figura de la trabajadora social judicial y derivan en la necesidad de dotar a los juzgados de equipos psicosociales y Unidades de valoración forense integral permanentes, en dotación suficiente e igualitaria para dar respuesta a las nuevas necesidades sociales en el ámbito jurídico. Los poderes públicos deberían asumir responsablemente este nuevo reto al que se enfrentan y dar una respuesta eficaz y estable”, así lo afirma Marta Simón, Vocal del Consejo General, trabajadora social y experta forense.
El Consejo General del Trabajo Social y los Colegios Oficiales de Trabajo Social de Araba, Gipuzkoa y Bizkaia reivindicamos que las nuevas Leyes reconocen al Trabajo Social Forense como la disciplina científica a la que corresponde investigar y asesorar a los tribunales en problemáticas sociales de primer orden. Denunciamos la falta de medios y ratios profesionales y reivindicamos la necesidad de que se proceda a la creación de nuevas plazas de Trabajo Social en los Equipos y Unidades, como única medida eficaz que realmente permita la protección social y jurídica de las familias en situaciones de vulnerabilidad que se ven afectadas directamente por las dilaciones injustificadas que existen en la Administración de Justicia.
Nuestra estructura colegial ha cumplido 40 años de compromiso social al servicio de profesionales y de la ciudadanía, los Colegios Oficiales de Trabajo Social de Araba, Gipuzkoa y Bizkaia representamos a 2.500 profesionales de Trabajo Social. “Somos garantes de la buena praxis para la ciudadanía, velamos por la ética profesional y por el respeto a los derechos e intereses de los/as ciudadanos/as, además de los defensores de la profesión”, en palabras de Marta Semedo, tesorera del Colegio de Bizkaia. Para Rosa ugalde, presidenta de Gipuzkoa es preciso “la defensa del estado de bienestar social siendo profesionales referentes de Servicios Sociales desde la creación de los mismos, además de ser trabajadoras fundamentales en diferentes sectores, entre ellas Entidades del Tercer Sector, Residencias de personas mayores, Centros Sanitarios realizando intervenciones sociales con diferentes colectivos y siendo parte de los equipos multidisciplinares que atienden a las personas más vulnerables de nuestra sociedad”. Para Mariel Quera, presidenta de Araba “debemos poner en valor la labor tan imprescindible y humana que realiza nuestro colectivo profesional, seguiremos trabajando por la defensa de los derechos sociales y a su vez reivindicando los recursos necesarios para una atención social de calidad hacía la ciudadanía.