El Col·legi de Treball Social de Castelló analiza el impacto del decreto de exclusión sanitaria
Castellón registra 38 incidencias sobre vulneraciones del derecho a la salud desde 2015, el 60% por dificultades en el pago de la medicación.
La vicepresidenta del COTS, Marisa García, imparte una de las ponencias de las III Jornadas de la Red Solidaria Sanitaria de la provincia.
Castellón, 14/04/2018.- La vicepresidenta del Col·legi de Treball Social de Castelló y trabajadora social sanitaria en Atención Primaria, Marisa García, ha sido este sábado la representante del COTS en las III Jornadas de la Red Sanitaria Solidaria de Castelló, de la que forma parte el organismo colegial desde 2017. Bajo el lema Realidades y retos del derecho a la salud, la sesión celebrada en el Menador Espai Cultural de la capital de La Plana ha conmemorado el 70 aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
El COTS ha colaborado con una de las ponencias que han integrado la mesa de entidades sobre la lucha por el derecho a la salud. Titulada El RD/2012. Su realidad en la provincia de Castellón e impartida por Marisa García, ha abordado el impacto sobre la población castellonense de dicho decreto, que supuso la retirada de la tarjeta sanitaria a personas inmigrantes en situación irregular y redujo las prestaciones para asumir el gasto farmacéutico. Posteriormente un decreto ley del Consell de 2015 –suspendido en la actualidad por el Tribunal Constitucional- reconoció el derecho al acceso universal a la sanidad “pero siguen habiendo fugas que no somos capaces de atajar y que las entidades sociales están detectando”, ha señalado García. En este sentido, ha informado de los datos e incidencias sobre vulneraciones del derecho a la salud registrados por el Observatorio del Derecho Universal a la Salud de la Comunidad Valenciana (Odusalud). Entre ellos, de negativa a la expedición de tarjeta sanitaria o de facturación de urgencias “cuando no se debe”.
En el caso concreto de la provincia se han registrado 38 incidencias sobre vulneraciones del derecho a la salud desde 2015, el 60% por dificultades en el pago de la medicación. Marisa García ha remarcado en este aspecto que las entidades sociales han asumido en Castellón el pago de gastos de farmacia, óptica y ortopedia durante 2017 por un montante de 35.622 euros. Una cuantía “para hacer frente a necesidades de personas que no podían pagarlas y que demuestran las carencias del sistema”.
En la misma mesa redonda se han analizado otras cuestiones como la lucha contra la mercantilización de la salud, el sueño de la erradicación de la tuberculosis o los retos en el empeño por garantizar el derecho a la salud.
Además de las ponencias, la jornada ha contado con actividades culturales como el foro teatro del Grupo Madalenas Valencia y Cultura Crítica-Teatro de las Oprimidas, y ha acogido la votación y entrega de premios de la exposición fotográfica Realidades y retos del derecho a la salud, que estará expuesta en el Menador Espai Cultural.
La RSS de Castelló se fundó en enero de 2016, y está formada por 15 entidades: el Ayuntamiento de Castellón, dos universidades (UJI y Cardenal Herrera-CEU), ocho colegios profesionales (Trabajo Social, Dentistas, Enfermería, Farmacéuticos, Fisioterapeutas, Médicos, Podólogos y Psicólogos), y cuatro ONGD (Ajuda Directa Safané, Fundación el Alto, Medicusmundi Mediterrània y Youcanyolé).
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