El Col·legi de Treball Social de Castelló urge reducir el desequilibrio en el acceso a recursos entre zonas urbanas y rurales en la provincia

En una provincia, la de Castellón, con 118 de sus 135 municipios en el ámbito rural, acabar con los desequilibrios en el acceso a recursos sociales entre la población que vive en los pueblos y la urbana es un reto clave al que hacer frente, según ha puesto de manifiesto el Col·legi de Treball Social de Castelló durante la celebración, en el Museu de Belles Arts, del Día Mundial del Trabajo Social. Una jornada para hacer valer la labor de las y los profesionales del sector, para hablar de asignaturas pendientes, como la de materializar una estrategia de coordinación sociosanitaria efectiva que agilice la atención a la ciudadanía y reduzca la burocracia, y sumar reivindicaciones, entre ellas la de mejorar las ratios de profesionales de Servicios Sociales en una Comunitat que va la tercera por la cola en España.

La sesión ha contado con la participación de la directora general de Servicios Sociales Generales y Personas en Situación de Dependencia, Mercé Martínez, para quien la brecha ente el mundo rural y el urbano en el ámbito de los Servicios Sociales se solucionaría con la creación de sistemas de atención territoriales “que den respuesta a las necesidades de las personas sin que éstas tengan que salir de su territorio, de manera que dé igual si vives en Morella o donde sea, porque existiría igualdad de derechos”. En este sentido, se ha incidido en la necesidad de prestar la mejor atención y acompañamiento a la persona dentro de su entorno y de su medio de vida, y conseguir que los recursos se adapten a ella y no al revés.

La jornada, desarrollada bajo el lema Promover la dignidad y los derechos de las personas, también ha reivindicado que los Servicios Sociales se sitúen al nivel de otros países europeos. Citando a Patrocinio de las Heras, Premio Nacional del Trabajo Social, el presidente del Col·legi de Treball Social de Castelló, Santi Agost, ha incidido en que el llamado cuarto pilar del Estado del Bienestar “está cojo, y no será fuerte hasta que sea reconocido como un derecho constitucional, así que pedimos a la clase política que no mire para otro lado y afronte este compromiso con la ciudadanía”.

El presidente del organismo colegial ha apelado, por otro lado, al “ataque a la protección social” que se produce desde los diferentes ámbitos de toma de decisiones políticas. “Es un ataque cuando personas carentes de todo tipo de ingresos han de esperar casi un año para recibir una prestación con la que satisfacer sus necesidades básicas, o cuando alguien sin una red de apoyo que le garantice lo básico para vivir, muere en su domicilio esperando ver materializado un derecho subjetivo como es el de la atención en situación de dependencia”, ha lamentado.

Precisamente este tipo de casos plasman el “sufrimiento humano” que, a juicio de uno de los ponentes destacados de la jornada, el consultor social Fernando Fantova, produce la falta de sinergias entre el sector social y el sanitario: “La coordinación entre ambos es un tema de primera división porque se está generando una cantidad ingente de sufrimiento humano debido a esa coyuntura en la que pueden encontrarse, o no, los servicios sociales y los sanitarios”.
Fantova ha incidido en un discurso autocrítico en que para conseguir esa ansiada coordinación con Sanidad, los Servicios Sociales deben delimitar bien su cometido y saber posicionar su valor diferencial “porque si no es imposible que nadie se coordine con nosotros”. En este mismo tono, ha explicado que aunque las buenas prácticas en el sector del Trabajo Social son una realidad, y hay “grandes experiencias piloto” en coordinación sociosanitaria, también existen ejemplos “que nos asemejan a la realidad del siglo XIX, con prácticas burocratizadas, asistencialistas y hasta punitivas”. Ha lamentado que el camino para consolidar esta coordinación entre profesionales sociales y sanitarios dure ya 35 años: “Es fundamental seguir, pero sabiendo qué lastra esa labor coordinada”.

De ella, en concreto de la Estrategia de Atención Sociosanitaria en la Comunitat Valenciana, han hablado también el director general de Diversidad Funcional de la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas, Antonio Raya, y Eduardo Zafra, director general de Gestión Sanitaria de la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública.

Zafra ha destacado que tras más una década de aislamiento entre ambas consellerias, éstas han iniciado una primera ronda de contacto plasmada en la comisión delegada del Consell de Inclusión y Derechos Sociales, al hilo de la cual se han creado ochos grupos de trabajo, como el de asistencia sociosanitaria y atención a la dependencia, salud mental, diversidad funcional o infancia. Ha anunciado que a finales de abril cada grupo presentará un borrador de objetivos con la meta de disponer de un documento cerrado en junio para ir perfilando esta estrategia de atención sociosanitaria, que será una realidad en este mandato, aunque no ha dado fechas.

A pesar de los retos pendientes, los ponentes han coincidido en señalar el tiempo de oportunidad que se abre para el sector del Trabajo Social y para conseguir sus objetivos. “Estamos en disposición de alcanzar lo que no se ha hecho en 20 años en esta Comunitat, pero no hay que morir de alegría, vayamos despacio”, ha concluido Mercé Martínez.