El Col·legi de Treball Social ve un “ataque frontal a los derechos humanos” la anulación del decreto de sanidad universal

Castellón, 20/12/2017.- El Col·legi de Treball Social de Castelló (COTS) considera un “ataque frontal a los derechos humanos” la anulación por parte del Tribunal Constitucional del decreto aprobado en 2015 por el gobierno valenciano que regulaba el acceso universal a la atención sanitaria.

La ley garantizaba la asistencia sanitaria integral a toda la ciudadanía, independientemente de su procedencia, su situación administrativa o laboral.

Según estimaciones del COTS, alrededor de 2.300 personas en la provincia de Castellón reciben en la actualidad asistencia sanitaria tras adherirse al decreto ahora anulado. Un total de 21.000 en toda la Comunidad Valenciana, según ha confirmado el presidente del Consell Ximo Puig.

“Nos parece una barbaridad que tanto el gobierno central, que es quien ha recurrido el decreto, como el Tribunal Constitucional, no estén velando por el respeto de los derechos humanos tomando estas decisiones”, ha indicado el presidente del COTS, Jaume Agost.
En este sentido, ha incidido en que las y los profesionales del Trabajo Social “siempre vamos a estar al lado de los derechos humanos y defendiéndolos, porque es nuestra labor y porque estamos en un Estado Social y de Derecho que debe serlo para todos”.

“Tomamos un compromiso de defensa de las actuaciones que adopte la Conselleria de Sanitat para revertir esta situación”, ha añadido por su parte Marisa García, vicepresidenta del COTS y trabajadora social sanitaria.

Para el colectivo de trabajadores sociales, la sentencia “vuelve a poner en riesgo la salud de miles de personas desoyendo, además, las medidas básicas de salud pública”.

El colegio teme que la sentencia del Constitucional suponga un retroceso al sistema sanitario regulado por el decreto de 2012, “totalmente insolidario e ineficiente, y alejado de su función de pilar básico del Estado Social” al excluir del sistema sanitario a las personas en situación administrativa irregular.

Por ello, defiende el Pacto Político y Social por un Sistema Nacional de Salud Público y Universal y promover las reformas legales necesarias para dejar sin efecto el Real Decreto-ley 16/2012 y blindar la “universalidad de nuestra sanidad”.