El Consejo General de TS une su voz a la de 40 entidades sociales y ambientales para exigir el acceso a la energía como derecho

Castelló, 21/02/2024.- Con motivo de la Semana contra la Pobreza Energética, que se celebra hasta el 23 de febrero, más de cuarenta organizaciones sociales – entre ellas el Consejo General de Trabajo Social – y ambientales, junto a ONG y sindicatos, han remitido cuatro cartas a los Ministerios de Transición Ecológica y Reto Demográfico, Vivienda, Sanidad y Derechos Sociales y Agenda 2030, expresando su preocupación por la situación de pobreza energética que sufre el país y reclamando medidas a corto y medio plazo.

Garantizar el acceso a los suministros básicos como un derecho permanente, no como medida transitoria sujeta a un período excepcional, es la principal reivindicación. Para ello piden:

• La prohibición de la interrupción de los suministros esenciales (energía y agua) por impago

• Que se aplique el principio de precaución, que prohíbe a las empresas suministradoras interrumpir el servicio sin consultar previamente a los Servicios Sociales si en ese hogar hay personas en situación de vulnerabilidad.

• Establecer un marco legal estable “que avance en el Derecho a la Energía” y evite que las medidas de protección del Gobierno a las personas vulnerables tengan un carácter temporal.

Recuerdan que la Estrategia Nacional Contra la Pobreza Energética (2019-2024) sólo se ha implementado parcialmente y reclaman cuatro medidas urgentes para este 2024:

• Que se garantice el acceso a los suministros básicos como derecho, prohibiendo el corte de suministros por impago.

• Ampliación y automatización de la concesión del bono social, y creación de una tarifa social accesible.

• Cambiar la regulación para que las comercializadoras de energía que lo soliciten puedan ofrecer el bono social.

• Creación de una mesa de trabajo con estas entidades para la elaboración de la futura Estrategia Nacional contra la Pobreza Energética (2024-2029).

Como medidas a medio plazo reclaman la creación de los mecanismos y programas necesarios para que las personas en situación de vulnerabilidad accedan a las ayudas en materia de
renovables, rehabilitación y eficiencia energética; una nueva ley de eficiencia energética que desbloquee procesos de mejora en las viviendas vulnerables y, finalmente, incluir medidas para prevenir y paliar la pobreza energética de verano en la nueva estrategia.