Las trabajadoras sociales se han ofrecido a colaborar en la acogida a las personas que han llegado en el ‘Aquarius’ a Valencia
Los 36 Colegios Profesionales de Trabajo Social de toda España y el Consejo Estatal ratifican su compromiso con la defensa de los derechos de las personas inmigrantes
La organización colegial valora que la Administración Española haya decidido acoger a estas personas.
Madrid, 20 de junio de 2018. Las trabajadoras y trabajadores sociales españoles se han ofrecido a trabajar con la Administración en la acogida de las personas inmigrantes que llegaron el pasado domingo al puerto de Valencia en el barco ‘Aquarius’. En concreto, en cuanto se supo que el barco atracaría en Valencia, los Colegios Oficiales de Trabajo Social de Castellón, Valencia y Alicante, se pusieron a disposición de las administraciones valencianas para colaborar en todo cuanto sea necesario. También han hecho lo propio otros colegios profesionales, de otras zonas como Andalucía.
Una decena de colegios profesionales de trabajo social tienen un grupo de profesionales especializados en Emergencias. Estos equipos se activan cuando les requieren las administraciones públicas por situaciones de emergencia social, como es la llegada de las 629 personas que navegaban en el ‘Aquarius’. También actúan en otras situaciones como atentados o catástrofes, riadas, incendios, etc. Así lo hicieron en el 11M, el atentado de Las Ramblas, el accidente del Alvia en Santiago de Compostela o los accidentes de avión de Spanair y German Wings.
El papel de las trabajadoras sociales es clave en la acogida a las personas inmigrantes. Pero también en su integración. Si a las personas que han llegado en el ‘Aquarius’ el Gobierno Español les concede el asilo que parece van a solicitar, entrarán en funcionamiento los servicios sociales, cuyos profesionales de referencia son las trabajadoras sociales. Deberán fomentar su integración. Por ejemplo, deberán localizar familias de acogida a los menores que han llegado solos, facilitar la búsqueda de empleo a los adultos, fomentar su integración con cursos de idiomas, etc.
Facilitar la integración implica favorecer la cohesión social y el bienestar de la ciudadanía. Los 36 Colegios Oficiales de Trabajo Social y el Consejo General velan por que las administraciones garanticen los derechos humanos. Europa no puede dar la espalda a las personas. Antes de que se conociera que Valencia iba a ser puerto de acogida, cuando Italia rechazó al ‘Aquarius’, el Consejo General de España y el Italiano recordaron en público la obligación de los países de garantizar el bienestar de las personas, sea cual sea su origen y procedencia.
La Organización Colegial del Trabajo Social Española recuerda que las personas refugiadas no son tan indefensas como se les retrata, tal y como destaca el Manifiesto que la Federación Internacional de Trabajo Social (FITS) aprobó en 2015. “Tienen importantes recursos, habilidades, fortalezas, salud y educación. Estos activos humanos deben ser la base para la reconstrucción de las sociedades, no siendo denigrados o ignorados por la mentalidad de ‘ayuda humanitaria’. Los gobiernos y otros organismos deben apoyar la dignidad humana, asegurando que las personas sean tratadas con dignidad y respeto (…), fortaleciendo la comunidad y la interdependencia social y, sobre todo, involucrando a las personas en todas las tomas de decisiones sobre su futuro. La respuesta política también debe mirar más allá de la crisis inmediata. Debe centrarse en la creación de un ambiente en todo el mundo que permita el desarrollo social sostenible, como se prevé en los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Establecer el capital social es un requisito previo para las sociedades pacíficas y sostenibles.
El CGTS, compromiso profesional por los derechos humanos.
El Consejo General del Trabajo Social es el órgano representativo, coordinador y ejecutivo de los 36 Colegios Oficiales de Trabajo Social en el territorio estatal, que agrupan un total de 40.000 colegiados. Al Consejo le compete velar por el correcto ejercicio de la profesión y por la defensa de los derechos fundamentales de la ciudadanía y lo hace cumpliendo un mandato constitucional.
Los Colegios Profesionales de Trabajo Social en España hemos sido tradicionalmente defensores de la garantía de cumplimiento de los derechos humanos y la justicia social tal y como manifiesta la definición internacional de la profesión.
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