Profesionales del Trabajo Social rechazan convertirse “en policías” al tener que certificar la situación personal y económica de quien demanda el Ingreso Mínimo Vital

Castelló, 19/03/2021.- El Col·legi de Treball Social de Castelló rechaza las modificaciones que el Gobierno de España ha introducido en el ámbito del Ingreso Mínimo Vital (IMV) y que en su opinión obligan a las y los trabajadores sociales “a ser la policía de la Seguridad Social, algo que no podemos ni queremos ser”. La citada reforma, plasmada en el Real decreto ley 3/2021 del 2 de febrero de 2021, insta a los equipos de Servicios Sociales Municipales de Atención Primaria a informar sobre la situación personal y económica de las personas demandantes de esta prestación no contributiva de la Seguridad Social para poder acreditarla y determinar la concesión o no del IMV.

El presidente del COTS Castelló, Jaume Agost, defiende que la función del Trabajo Social “no es la de fiscalizar o inspeccionar a las personas usuarias”.

Recuerda que el citado decreto recoge textualmente que se requerirá “un certificado expedido por los Servicios Sociales competentes cuando fuera necesario para acreditar …”, en alusión al informe social para el Ingreso Mínimo Vital que se solicita a los Servicios Sociales “y que implica aceptar y consolidar situaciones irregulares, de fraude y de explotación de las personas que se dan en nuestra sociedad, además de normalizar situaciones que no están regularizadas, como por ejemplo los casos de personas que viven de alquiler pero sin contratos de renta legales”, apuntan desde el organismo castellonense.

Insisten en que el Ingreso Mínimo Vital es una prestación no contributiva de la Seguridad Social que ha promulgado el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones para el Desarrollo del Gobierno de España. “Por lo tanto es completamente ajena al sistema autonómico de Servicios Sociales y a los Servicios Sociales de Atención Primaria de los Ayuntamientos. Pero con este Real decreto ley se está haciendo un traspaso de responsabilidades, tareas y funciones del sistema de la Seguridad Social al sistema de los Servicios Sociales”, denuncian desde el COTS Castelló.

En este sentido, señala que no se puede aceptar que, a modo de traspaso de responsabilidades, tareas y funciones, se le encomiende a los Servicios Sociales verificar las situaciones que no se acepta verificar en otros organismos públicos, como por ejemplo la Seguridad Social”. Insisten en el impacto negativo que esto tiene para el correcto funcionamiento del sistema de Servicios sociales. “No se puede permitir convertir los Servicios Sociales en un colador de las situaciones que no se puedan acreditar desde otros ámbitos”, añade Agost, que recuerda que la función del Trabajo Social no es la de fiscalizar a las personas sino la de trabajar con ellas.

Añade además que en el caso del IMV, gestionar la solicitud y la renovación anual es responsabilidad de la Seguridad Social, no de los Servicios Sociales.

También advierte que realizar informes sociales a modo de traspaso de responsabilidades y tareas que no corresponden directamente a Servicios Sociales, “pone en peligro el trabajo llevado a cabo por parte de Servicios Sociales de Atención Primaria con sus personas usuarias, puesto que implica la concesión o no de la ayuda por la emisión de un certificado de una situación que no se puede acreditar documentalmente, lo que comporta un deterioro en la relación con la persona usuaria y el trabajo realizado con las familias”.

El colegio castellonense defiende que el punto de partida es entender que las personas son responsables de sus actos “y son ellas mismas las que tienen que verificar su situación personal”. Si ésta no se puede acreditar documentalmente, “tendrán que realizar una declaración jurada de su situación, tal y como se hace en otras prestaciones de la Seguridad Social, como las pensiones no contributivas, donde el usuario firma un certificado acreditativo anualmente dando cuenta de su situación”.

Con todo, el COTS Castelló recuerda que el IMV es un avance en cuanto a la consolidación de derechos sociales pero “no deja de ser una renta mínima para la que hay que acreditar la situación económica de la persona solicitante” y sigue reivindicando “la necesidad de una Renta Básica Universal como instrumento para conseguir una mejor redistribución de la riqueza y mayor justicia social”.