Abogados y trabajadores sociales proponen oficinas para intermediar en los desahucios
- Solicitan al Gobierno que institucionalice este sistema de intermediación previo.
- Mediarían entre los bancos y los deudores para evitar los desahucios.
- Los 7.000 euros que cuesta el proceso judicial quedarían en un máximo de 350.
Dado que las medidas adoptadas por el Gobierno se están mostrando insuficientes ante el drama de los desahucios y a la espera de que la UE pueda hacer algo más –como ha pedido la Plataforma de Afectados por la Hipoteca–, muchos de los agentes implicados en el problema intentan poner algo de su parte.
Desde administraciones que van más allá que el Ejecutivo –como han hecho las CC AA de Andalucía, Canarias y Cataluña–, hasta profesionales que se implican –el caso más claro es de los jueces– o ayuntamientos que median con los bancos para evitardesahucios.
A estas iniciativas se suma la del Consejo General de la Abogacía Española y el Consejo General del Trabajo Social, que han presentado un proyecto conjunto de Oficinas de Intermediación Hipotecaria (OIH) que pretende evitar, mediante laintermediación de las entidades bancarias y los deudores, el mayor número posible de desahucios.
Intermediar, más efectivo y más barato
Dado que su ejercicio profesional está próximo a las demandas de la sociedad, ambos colectivos han decidido unir fuerzas en este proyecto común que ya está en funcionamiento en varios municipios gracias a acuerdos entre la Administración Pública y Colegios de Abogados.
Así, la Abogacía Española y Trabajo Social han solicitado al Gobierno que institucionalice este sistema de intermediación previo a la interposición de cualquier demanda de ejecución hipotecaria "para abordar de manera integral el problema de la pérdida de la vivienda".
Los beneficiarios de esta iniciativa son personas, familias o unidades de convivencia empadronadas en los municipios propietarias de una vivienda que esté o pueda verse afectada por situaciones de riesgo residencial que puedan derivar en desahucios.
Según ambos consejos, el proyecto generaría un ahorro "muy significativo, ya que de los más de 7.000 euros que cuesta el proceso judicial de ejecución hipotecaria, se pasaría a un máximo de 350 euros".
Trabajo Social se ha comprometido a aportar los instrumentos y formación sobre las técnicas necesarias para realizar un "buen diagnóstico y pronóstico social específico". Por su parte, la Abogacía aportará su experiencia jurídica en materia procesal e hipotecaria, así como en técnicas de negociación.
