Comunicado | Las trabajadoras sociales se posicionan a favor del Ingreso Mínimo Vital aunque con peticiones específicas
El colectivo profesional del Trabajo Social a través del Consejo General del Trabajo Social apoya la iniciativa de un Ingreso Mínimo Vital (IMV) o Renta Social Extraordinaria (RSE) para paliar la crisis socioeconómica generada por el Covid-19. Es un buen paso para avanzar en el reconocimiento de derechos. Sin embargo, consideran que esta medida no debe quedar limitada a la situación exclusiva de la pandemia pues debe plantearse como una medida con vocación de permanencia como se anuncia por parte de la Secretaria de Estado de Derechos Sociales y Agenda 2030.
Los y las trabajadoras sociales consideran que para ello se debería consolidar un Sistema de Garantía de Ingresos que goce de la condición de derecho subjetivo al objeto de reducir los indicadores de pobreza estructural, desigualdad y mejorar la calidad de vida de las personas. Asimismo, consideran también positiva la apuesta a favor del IMV anunciada por el Gobierno, entendiendo por tal un avance hacia la necesaria renta básica universal. Ante esta situación de grave crisis social y económica producida como consecuencia del Covid19, en cumplimiento con el compromiso en la defensa de los derechos sociales de los y las ciudadanas, reivindican un Sistema de Garantía de Ingresos como derecho subjetivo que garantice un ingreso periódico sufragado con cargo a los presupuestos generales del Estado como derecho de ciudadanía.
Este colectivo profesional realiza las siguientes demandas al Gobierno:
• Que para superar esta pandemia y esta emergencia social es necesaria la coordinación de todos los sectores y agentes implicados, mediante la configuración de un grupo de expertos/as que pueda consensuar y aunar los esfuerzos de todas las Comunidades Autónomas con sus respectivas prestaciones inclusivas.
• La denominación de Ingreso Mínimo Vital no coincide con la finalidad de la prestación, porque estigmatiza y nos devuelve a la beneficencia. Necesitamos una nomenclatura actual, del presente, inclusiva, integradora, como renta básica, que lleva implícito el concepto de derecho subjetivo que defendemos.
• El trámite administrativo debe ser a cargo de entidades como el INSS o el SEPE, sistemas ya consolidados en la gestión de prestaciones económicas y desde el que se puede responder a la cobertura de necesidades básicas de manera inmediata, alegando la fortaleza informática que el Ministerio de Seguridad Social posee, que permite la agilidad, rapidez y resolución de expedientes de manera segura. Desde dichas entidades se podrá derivar a los Servicios Sociales, fomentando de esta manera la coordinación interadministrativa de las entidades, cuando sea necesaria una intervención social.
• Unos ingresos garantes que puedan facilitar a las personas y a las familias superar la situación de pobreza en la que viven. La cuantía de esta renta ha de tener en cuenta criterios tales como la unidad de convivencia y su contexto.
• Es necesario que la maquinaria administrativa no se paralice más allá de lo imprescindible. Estamos ante el reto de la Administración digital al objeto de que la ciudadanía pueda dirigirse a la misma de forma telemática, para garantizar la atención, facilitar los trámites y evitar retrasos. Uno de los retos estratégicos fundamentales es recortar procedimientos, eliminar lo dispensable de todo procedimiento administrativo al objeto de reducir al máximo el tiempo de resolución y de implementación del recurso. Con sistemas para recogida de información que sean agiles, veraces, fiables, transparentes donde tener sistematizada toda la información atendiendo a la brecha digital y de acceso a toda la ciudadanía. A pesar de ello, es importante que la ciudadanía siga teniendo acceso directo (presencial y telefónico) a la Administración para realizar cualquier consulta y trámite.
• Entienden que el sistema de garantía de ingresos además debe dar la posibilidad de generar procesos de inclusión social pero nunca como forma coercitiva ni como contraprestación. Esto sugiere la lógica y necesaria coordinación de sistemas para poder garantizar ingresos e inclusión ambos objetivos de un Sistema de Garantía de Ingresos.
• Consideran que son precisas muchas más medidas. Además de garantizar recursos económicos a la ciudadanía, se ha de fomentar otra serie de medidas para afrontar la crisis social una vez se declare el cese del estado de alarma para planificar la lucha contra la pobreza y la exclusión social. Es prioritario un marco estatal que promueva la cohesión social. Se va a precisar articular un Plan de Inclusión Social específico y en coordinación con los diferentes Sistemas del Bienestar Social orientados a aumentar las oportunidades de las personas más vulnerables y en riesgo de exclusión social y pobreza. Este Plan de Inclusión Social debe desarrollar medidas prioritarias dentro de cada uno de los sistemas de protección social en el marco de las competencias de cada sistema, incidiendo en aquellas mejoras necesarias para la integración e inclusión de los grupos sociales más vulnerables.
