Comunicado | Posicionamiento CGTS. Crece la violencia hacia menores en España
Sucesos como el ocurrido el pasado diez de octubre en El Ejido (Almería) donde un menor ha sido asesinado presuntamente a manos de su madre, ponen de manifiesto que la violencia hacia los menores se ha multiplicado por 4 en los últimos años.
La violencia y el maltrato infantil tiene cada vez mayor visibilidad social, siendo también creciente el número de menores que están siendo víctimas directas o indirectas de violencia en el entorno familiar. Según datos tanto la Fundación Anar como Save the children que alertan de que 1 de cada 4 menores en España sufre maltrato.
Es prioritario identificar y proteger a la infancia más vulnerable. La prevención del maltrato infantil requiere un enfoque multisectorial que compromete a instituciones y profesionales. Identificar las causas y los factores de riesgo es necesario para llevar a cabo una intervención social dirigida a minimizar los factores de riesgo. A pesar de que sí se pueden identificar mejoras en diversos contextos de atención social a las personas más vulnerables, la protección a la infancia sigue siendo una asignatura pendiente en tanto que existe un aumento anual en la cifra de menores atendidos por los servicios y dispositivos de atención a niños/as, según datos del 2017 del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social.
Es preciso fortalecer los diferentes sistemas de protección social para que la prevención sea cada vez mayor y así evitar el aumento de las situaciones de riesgo. Además, se debe destacar la importancia de ofrecer continuidad en las intervenciones sociales, trabajando de forma sinérgica con los diferentes sistemas para que las familias puedan recibir una atención integral de proximidad y de calidad.
Este tipo de hechos lamentables ponen de manifiesto la necesidad de actuar de manera coordinada entre los diferentes sistemas de protección social, con especial hincapié en aquellos sistemas que se encargan de la protección a la infancia, a las personas mayores, a las personas con diversidad funcional, etc. Los/as profesionales del Trabajo Social intervienen a diario en situaciones de vulnerabilidad con infancia y adolescencia, afirmando en muchas ocasiones sentirse señalados/as y cuestionados/as ante la reincidencia de este tipo de sucesos.
Las situaciones de vulnerabilidad y riesgo a las que se ven sometidos/as los/as menores en casos de maltrato infantil, pueden ser corregidas en muchas ocasiones con la activación de los protocolos de urgencia. Sin embargo, en el caso de Almería, a pesar de que se había dictado por parte de la jueza que instruye el caso, una orden de protección por “indicios de un delito de maltrato” a causa de la ausencia de cuidado y desatención al menor por parte de la madre, no fue suficiente. En el proceso judicial siempre se habían alegado situaciones de desatención y no tanto otro tipo de circunstancias de riesgo para la vida del menor.
El Consejo General del Trabajo Social apuesta por el trabajo en red, coordinando esfuerzos y atenciones con los/as profesionales del sistema de servicios sociales, así como con los/as profesionales del sistema educativo, del sistema sanitario, del sistema judicial, fuerzas y cuerpos de seguridad y otras organizaciones sociales que trabajan por el bienestar de la infancia como las ya mencionadas anteriormente, Fundación Anar, Save the children, entre otras. La apuesta por la coordinación institucional es un mecanismo garante en la provisión de actuaciones profesionales de calidad.
Asimismo, se considera que las Administraciones Públicas deben dotar de los medios profesionales, presupuestarios y materiales necesarios que faciliten el correcto desarrollo de la intervención de los/as profesionales. En este sentido, se hace un llamamiento directo y expreso a los responsables tanto del Estado como de las Comunidades Autónomas y Ayuntamientos, para que muestren un compromiso con el fortalecimiento de los diferentes recursos de proximidad encargados de detectar situaciones de riesgo. Se solicita también que se establezcan las hojas de ruta para la correcta coordinación de protocolos y mecanismos que faciliten a los/as profesionales una intervención más eficaz y próxima con los entornos familiares.
Es necesario y urgente el fortalecimiento de los Servicios Sociales Públicos de Atención Primaria y aunque esta no sea la finalidad de este sistema, día a día se reciben en los Centros de Servicios Sociales aquellas situaciones complejas y desestructuradas que no han sido atendidas en otros sistemas de protección. Mientras que la inversión presupuestaria en Servicios Sociales ha caído en 1.300 millones de euros tras los recortes que tuvieron lugar durante la crisis económica, un 63,1% de los/as profesionales de este sistema afirman que las demandas aumentan año tras año (según datos del III Informe de los Servicios Sociales en España elaborado por el CGTS). Del mismo modo, las demandas y las necesidades sociales con las que la ciudadanía acude a este sistema son cada vez mayores. Los/as profesionales pueden llegar a atender entre 75 y 100 casos en un mes, según datos del documento citado anteriormente.
El aumento de las demandas se encuentra estrechamente relacionado con la falta del cumplimiento de las ratios profesionales, ya que desde el Consejo General del Trabajo Social se recomienda que en Servicios Sociales haya un/a trabajador/a social por 1.700 habitantes. Sin embargo, la situación actual para los/as profesionales del Trabajo Social es que atienden a un promedio de 10.461 habitantes por cada trabajador/a social, según datos del Plan Concertado de Prestaciones Básica de Servicios Sociales en Corporaciones Locales (2017-2018). En el caso concreto de la provincia de Almería, como explica Encarna Peláez, presidenta del Colegio Oficial de Trabajo Social de Almería, “la media de ratio en todas las corporaciones locales de Almería es de cerca de 8.000 habitantes por cada trabajador/a social”.
Finalmente, no se debe olvidar que los Servicios Sociales se han visto especialmente resentidos en los últimos años como consecuencia de la falta de inversión en políticas públicas relacionadas con la protección social. El Estado de Bienestar está menguando en su capacidad de dar respuesta a este tipo de situaciones, dando lugar a fallos coyunturales en la atención que pasan a ser fallos estructurales poniendo en entredicho la actuación de numerosos/as profesionales.
