El Consejo General del Trabajo Social recuerda que los servicios sociales, que se están desmantelando, son clave para evitar casos como el de Alcalá de Guadaíra
El Consejo General del Trabajo Social (CGTS) denuncia cómo los continuos recortes y el desmantelamiento que está sufriendo la red pública de servicios sociales están dejando a las familias que más lo necesitan en el abandono. “Las políticas de austeridad están llevando a que el sistema sea incapaz de abordar los casos a tiempo”, denuncia la presidenta del CGTS, Ana I. Lima.
Los y las trabajadoras sociales se encuentran a diario casos graves que no siempre pueden resolver con la rapidez necesaria por falta de recursos. Llevan más de un año denunciando esta realidad con movimientos como la marea naranja. “El Gobierno está recortando los recursos, derivando los casos a las ONG. Su ayuda es muy importante, pero es complementaria, nunca sustituir a la que debe dar la red pública”, insiste Ana Lima.
Según los detalles que han trascendido de la tragedia de Alcalá de Guadaíra, la familia estaba esperando a recibir el salario social, que pidieron en octubre. En Andalucía, el plazo para resolver esta ayuda es de tres meses y varía en función de la comunidad autónoma. La realidad, denuncia Ana I. Lima, es que en general, las familias en toda España llegan a esperar hasta un año para recibir esta prestación. Eso supone un problema muy grande, explica Lima, ya que cuando una familia solicita esta ayuda es porque ya no tiene ningún tipo de ingreso.
En general, mientras se está a la espera, prosigue Lima, se pueden tramitar ayudas de emergencia social. Estas son ayudas puntuales, únicas o como mucho, en algunos ayuntamientos, se pueden dar tres veces. “No dan para ayudar a una familia durante un año”, insiste Lima.
A la espera de que finalice la investigación de lo sucedido en Alcalá de Guadaíra, Lima recuerda que miles de familias, cada vez más, se ven obligadas a comer lo que recogen en los contenedores próximos a los grandes supermercados. “Esta situación es peligrosa e indigna”, asegura Lima. Por ello, los y las trabajadoras sociales insisten en que el Estado debe dar una respuesta a este tipo de situaciones. “El Gobierno no puede sacar un plan de inclusión, como hizo el viernes pasado, con dinero para el tercer sector, mientras desmantela la red pública de servicios sociales”, critica la presidenta.
