La Marea Naranja exige que la Constitución blinde los servicios sociales
· El Estado ha recortado un 23% la inversión en servicios sociales en los últimos 4 años.
· Uno de cada 5 dependientes muere mientras está en lista de espera.
· Las organizaciones denuncian un cambio de modelo, de la protección pública hacia la beneficencia.
· El 27% de las personas están en riesgo de pobreza y exclusión social.
· Los recortes han destruido más de 57.000 empleos en el sector.
La Marea Naranja Estatal ha denunciado este mediodía, en rueda de prensa, la dramática situación por la que pasan los servicios sociales y ha exigido un inclusión en la agenda social y política. Las organizaciones reclaman un desarrollo normativo estatal y un cambio Constitucional que blinde la red pública de servicios sociales.
La presidenta del Consejo General del Trabajo Social, Ana Lima, ha abierto el turno de intervenciones exigiendo el reconocimiento de los servicios sociales como un derecho subjetivo fundamental. “Es el primer paso para dar cuerpo al sistema de servicios sociales”, ha defendido. Lima ha explicado como ante la falta de una ley marco de servicios sociales, las distintas legislaciones autonómicas ofrecen una gran diversidad en la atención y protección a las familias. Existen leyes autonómicas, llamadas de tercera generación que aunque reconocen los derechos sociales subjetivos, no han desarrollado su marco legal, con lo cual esos derechos no se han hecho efectivos. Al contrario, ha insistido Ana Lima, se han aplicado recortes sociales. Desde 2011, el Estado ha recortado un 23% su aportación a servicios sociales en los Presupuestos Generales. En concreto, el Plan Concertado de prestaciones básicas, se ha reducido en un 70%, ha explicado. “A ello hay que sumar la reforma de la Administración Local, que supone una amenaza tremenda”. Lima ha destacado también el aumento del 74% de la demanda, en la que la mayoría son mujeres, con cargas familiares y con ingresos de 300 a 500 euros al mes. “Muchas familias que pasan hambre, se debaten entre pagar la hipoteca o a comer. Pero no se están dando respuestas. Así, el 27% de personas están en riesgo de pobreza y exclusión social y España es el segundo país con más pobreza infantil. “No solo se ponen pocas medidas sino que las que se ponen son ineficaces. Se apunta a la caridad y beneficencia”.
César Vital, de la Asociación de Directoras y Gerentes en Servicios Sociales ha enfocado su intervención en la situación por la que pasa el sistema de atención a la dependencia, uno de los pilares de los servicios sociales. “Hay comunidades autónomas que están trabajando para integrar servicios sociales y dependencia. En este sentido, donde mejor se está aplicando es Castilla y León, Castilla-La Mancha y Andalucía”, ha asegurado. También ha explicado que hay alrededor de 2,6 millones de personas que no pueden realizar las actividades de la vida diaria. Además, ha desgranado, como de los 775.000 dependientes que acogía el sistema el año pasado, este año hay 30.000 menos. “No han dicho el por qué, cuando lo normal es que fueran más, porque hay un crecimiento vegetativo. Nosotros lo explicamos porque hay muchas personas que mueren antes de entrar en el sistema. Calculamos que son una de cada cinco personas”, ha explicado. Vital también ha añadido que el menor número de beneficiarios se debe a que los dependientes moderados no han entrado en el sistema cuando estaba previsto, por el real decreto que se aprobó en 2012. “Otro dato importante es que el usuario ya paga más que el Estado. De cada 100 euros que financian el sistema, 63 los ponen las comunidades autónomas 18 el Estado y 19 la persona”, ha concluido.
Por su parte, la secretaria de Política Social e Igualdad de CCOO de Madrid, Ana González, ha denunciado el contexto de cuestionamiento de lo colectivo y de limitación de libertades públicas, en lo que ha calificado como “un escenario de clara involución democrática”. Ha incidido González en que las políticas de austeridad y recortes sólo generan “más pobreza y desigualdad” y que se está asistiendo a un nuevo fenómeno como es el de los trabajadores “pobres”, que suponen ya el 12% del total. La responsable sindical ha hecho un llamamiento a los partidos políticos para que pongan en valor e incluyan en su agenda los servicios sociales, de forma que estos salgan de la “caverna” en la que se encuentran y sirvan como “elemento fundamental de cohesión y transformación social”. Para Ana González es necesario alejar los servicios sociales del mercantilismo, ya que el 75% de su gestión está, con diversas fórmulas, en manos privadas. Además ha reivindicado el empleo en el sector y la calidad del mismo porque “no hay calidad en los servicios sociales si no hay calidad en el empleo”. En este punto, ha denunciado la destrucción de 57.000 puestos de trabajo en los servicios sociales, el 12% del total, y su incidencia sobre todo en las mujeres, que suponen el 85% del empleo destruido.
La vicepresidenta del Consejo General de Educadoras y Educadores Sociales, María Jesús Calvo de Mora, ha hecho una llamada a la sociedad a participar en la marea naranja. “La participación social, ciudadana y la cohesión social es una apuesta para garantizar los derechos de la ciudadanía y poner en valor la responsabilidad que están haciendo las familias”, ha explicado. “Hay que aplaudir el extraordinario esfuerzo”, ha insistido. Calvo de Mora también ha reclamado la profesionalización de quienes intervienen en los servicios sociales y ha reclamado la garantía de los servicios públicos.
Finalmente, la decana del Colegio Profesional de Trabajo Social de Madrid, Mar Ureña, ha hablado en representación de la Marea Naranja Madrid. Ureña ha denunciado que las políticas autonómicas están dando pasos atrás. “Una de cada cinco personas está en situación de pobreza o exclusión y en Madrid, hay 240.000 niños en esta situación. Eso casa mal con la situación de recortes masivos en becas y ayudas de comedor”, ha asegurado. También ha denunciado el descenso y las demoras en la concesión de rentas mínimas. “Es un derecho subjetivo en la Comunidad de Madrid, pero tarda de 12 a 15 meses en llegar, por tanto ya no es un derecho”, ha añadido. Ureña ha mostrado su preocupación por cómo la reforma de la Administración Local afectará a los servicios sociales municipales, “los más cercanos a la ciudadanía”. También ha asegurado que “las cosas siguen funcionando porque al final los y las profesionales sacamos esto adelante. Hay que darle un empuje fuerte en personal a los servicios sociales y creerse que no son un gasto social sino una inversión”.
Mar Ureña ha hecho un llamamiento a los y las profesionales y la ciudadanía para que mañana sábado, a las 12h, se manifiesten frente al Ministerio de Sanidad para reivindicar unos servicios sociales públicos y de calidad. “Es importante que nos hagamos presentes. Cuando se salga de la crisis, todo el coste social, cultural y a las familias que está suponiendo este austericidio va a pasar factura durante muchos años”, ha asegurado.
