El texto, que también esconde privatizar los servicios sociales, pondrá en grave peligro la subsistencia de millones de familias, empujándolas a la exclusión y socavando sus derechos sociales y fundamentales.

Esta son las claves de por qué los y las trabajadoras sociales rechazamos los cambios que la reforma supondrá a la red pública de servicios sociales:

Proximidad. El anteproyecto supone una recentralización de las competencias, ya que muchas de las que estaban en manos del nivel local más cercano se transfieren al nivel autonómico, rompiendo así con las tendencias europeas que propugnan servicios sociales de proximidad locales. Además, teniendo en cuenta el objetivo de déficit por el que pasan las autonomías, es de suponer que dejar en sus manos las competencias de los servicios sociales supondrá un recorte de las prestaciones que ofrecen, si no su desaparición.

No a la Beneficencia. La reforma desborda el modelo de servicios sociales, que tanto ha costado construir durante los últimos 40 años. Renunciar a este modelo supone renunciar a los derechos sociales y volver a la beneficencia y la caridad.

Asistencialismo. La concepción economicista del anteproyecto aleja a los servicios sociales de las concepciones garantistas del estado del bienestar que se habían conseguido alcanzar en España y regresan a formas benéficas y asistencialistas, como se refleja en la misma terminología utilizada: el primer borrador se refería a “asistencia social” y el último a “necesidad y exclusión social”, sin tener en cuenta la prevención o la promoción ni referirse en ningún momento a los derechos de ciudadanía.

Derechos. Este anteproyecto puede también entrar en contradicción con los derechos subjetivos reconocidos en las leyes de servicios sociales y otras leyes, algunas orgánicas, que regulan derechos en esta materia (p.e. protección integral, violencia de género, responsabilidad penal de los menores, etc.), si los planes de reducción de costes o de ajuste no permiten disponer de los recursos siguientes para garantizarlos.

Privatización. De la exposición de motivos parece deducirse una prioridad por iniciativa privada, cuando señala de forma clara, como uno de los objetivos del anteproyecto, “favorecer la iniciativa económica privada evitando intervenciones administrativas desproporcionadas”, para ello, reitera y añade más adelante que “para favorecer la iniciativa económica privada, evitando intervenciones administrativas desproporcionadas, se limita el uso de autorizaciones administrativas para iniciar una actividad económica […].”Este modelo de servicios sociales que, con las peculiaridades autonómicas, tiene un fondo común, es fruto de un consenso social, profesional y político construido durante la etapa de la democracia; es posible que deba modificarse para que pueda adaptase a los nuevos tiempos, pero manteniendo unas líneas rojas infranqueables, que deberían ser la dignidad de la persona y el respeto a los Derechos Humanos.

El CGTS remarca varias incongruencias en los mensajes que da el Gobierno:

· Cuando utiliza las intervenciones administrativas desproporcionadas como argumento para la privatización de los servicios sociales, ¿acaso no es una forma de intervencionismo brutal toda la reforma de la ley, que quiere obligar a las autonomías y a los ayuntamientos a ejecutar esos cambios y a poner unos costes a todo?

· Por otro lado, en un marco de aumento del desempleo, en el que hay una preocupación importante por incentivar el empleo, el Gobierno da un mal ejemplo explicando que va a ahorrar desmontando servicios y despidiendo a trabajadores.

Por eso, os animamos a sumaros a nuestra campaña “Hasta Aquí”, que arrancó el pasado viernes 19 en toda España. Cada ciudad escogió un sitio. El Consejo General se sumó al Colegio Oficial de Trabajo Social de Madrid y, junto a las plataformas de la dependencia, manifestaron su rechazo a esta reforma y a los recortes en servicios sociales, frente al Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.

La campaña consiste en que cada trabajador o trabajadora social salga a las puertas de su centro de servicios sociales (también ayuntamiento o lugar emblemático que consideren) con sus compañeros y compañeras, con las personas usuarias y con vecinos y vecinas y MARQUE una LÍNEA NARANJA EN EL SUELO. Se puede pintar, poner una tela larga naranja que marque la línea, hacerla con papel naranja… Los profesionales, las personas usuarias y cuantos más vecinos mejor, se posicionarán frente a la línea naranja, defendiendo esos servicios sociales que no pueden desaparecer.