La vuelta atrÅs a la Ley de Dependencia hace peligrar el reconocimiento de este derecho social para la ciudadanÇa, ya que es irreversible y consideramos un error reducir su viabilidad a cuestiones simplemente económicas

Más que nunca los trabajadores sociales y las trabajadoras sociales están inmersos/as en plena acción de lucha por los derechos sociales y de la ciudadanía social. A raíz de las próximas elecciones nacionales es grande la preocupación por el futuro de los Servicios Sociales, cuarto pilar del Estado de Bienestar, ya que apenas han sido mencionados en la campaña de los/as candidatos/as políticos/as o bien se han obtenido declaraciones desafortunadas como en la entrevista concedida a El País por el candidato del PP, Mariano Rajoy, sobre la no viabilidad desde un punto de vista econóico de la Ley de Dependencia.

El actual contexto socio-econóico que se vive en España, de pobreza, de vulneración de los derechos individuales, etc. pone en peligro la cohesión y la paz social y conlleva un aumento en la demanda de prestaciones, programas y servicios que requiere una mayor dotación de recursos humanos y económicos. 

El paso de 2008 a 2009 supuso un incremento del 36% en el numero de usuarios/as que se acercaron a los Servicios Sociales que demandan ayuda: alrededor de ocho millones de personas.

La acción que propone el Consejo General del Trabajo Social, en estos tiempos de cambio, es, precisamente, que ante una situación de crisis y de recortes sociales, como la que se vive actualmente en España, se apueste por incrementar, de un modo racional, las políticas sociales y de empleo encaminadas hacia la cohesión e inclusión social, la inserción laboral y un compromiso por el Sistema de Servicios Sociales. Por todos es sabido que los Servicios Sociales tienen una enorme contribución a la riqueza del país, ya que suponen una fuente de empleo y de ingresos para el erario público. La Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a Personas en Situación de Dependencia, aprobada en 2006 en Pleno del Congreso de los Diputados con una amplia mayorí, ha beneficiado a 1.050.000 personas con prestación y reconocidos como dependientes, siendo sobre todo colectivos vulnerables. Además ha sido una fuente de empleo, creándose 185.000 puestos directos y 63.000 puestos indirectos. Y ha tenido un importante retorno económico, 1.272 millones de euros, altas en la Seguridad Social, y una buena consecución en su implantación y gestión en algunas Comunidades Autónomas. La vuelta atrás a la Ley hace peligrar el reconocimiento de este derecho social para la ciudadanía, ya que es irreversible y consideramos un error reducir su viabilidad a cuestiones simplemente económicas.

Nuestro principal objetivo, como Consejo General del Trabajo Social, es que la voz de los y las profesionales del Trabajo Social sea más escuchada y conseguir que las fuerzas políticas, a nivel estatal y autonómico y local se comprometan con el cuarto pilar del Estado de Bienestar en general y por ello con la Ley de Dependencia en particular, sin que esto suponga un recorte en el catálogo de prestaciones mínimas o en su financiación, y aumentando las garantías y responsabilidades públicas de las administraciones, ante los derechos de las personas y las condiciones laborales de los trabajadores y las trabajadoras que participan del Sistema Público de Servicios Sociales. Invitamos a una mayor concienciación de los nuevos gobernantes sin reducir todo ello a recortes en los Servicios Sociales o en la Ley de Dependencia, sino en revertirlo en una mejora en la financiación entre todas las Administraciones, y en un refuerzo y racionalización de la gestión general de los Servicios Sociales.