Las rentas de inserción, un derecho pendiente

La lucha contra la pobreza infantil debe ser un apartado prioritario para los recién constituidos gobiernos autonómicos y para el ejecutivo estatal que se perfilará en unos meses. Quienes nos gobiernan deberían ser conscientes de la urgencia de garantizar un sistema de rentas a las familias que conviven con niños y niñas. Estas ayudas supondrían una manera de romper el ciclo de la crisis y de luchar contra ella, ya que, además, contribuirían a abastecer de recursos adicionales a las familias, de forma que se impulsaría el consumo, la demanda de mercado interior.

En los últimos meses se ha hablado mucho de rentas a las familias. Pero existe una confusión generalizada entre las llamadas Rentas Mínimas de Inserción y la Renta Básica Universal. Se manejan los diferentes términos como si fuese lo mismo, pero no lo son. La Renta Básica Universal es una renta de seguridad económica y vital, un derecho de ciudadanía dirigido a todas las personas, por el hecho de ser ciudadano o ciudadana. En cambio, las Rentas Mínimas de Inserción, que ya existen en las comunidades autónomas, consisten en el derecho a una ayuda económica que se concede a las familias que están en situación de precariedad económica (como unidades familiares y no como personas individuales). Sólo las perciben familias que no tienen suficientes ingresos mínimos, además están sujetas a unas acciones encaminadas a la inserción laboral y a un acompañamiento social dirigido a la inclusión social.

Aspirar a la Renta Básica Universal es lo más deseable para ir caminando hacía la equidad y redistribución necesaria por lo que no dejaría que ser el objetivo a alcanzar. Pero dado que el camino es complejo, mientras avanzamos hacia ese nivel deberíamos ir dando pasos de mejora sobre las Rentas Mínimas de Inserción. Su aplicación, de hecho, ha sido irregular por parte de demasiadas comunidades autónomas, sobre todo en estos años de crisis. La falta de liquidez ha llevado a que miles de familias no estén recibiendo esas ayudas por no poder superar las crecientes trabas administrativas que se han ido estableciendo.

Varios colegios profesionales de trabajadores sociales han ido denunciando estas situaciones en los últimos tiempos, como es el caso de Aragón, Madrid y Castilla-La Mancha, con una ratio de aplicación y de cuantía a la cola de España. También el Consejo General del Trabajo Social denunciamos la situación de las rentas mínimas en una jornada en el Parlamento Europeo, el pasado diciembre, coincidiendo con el Día Mundial de los Derechos Humanos.

Propuesta europea

En el ámbito europeo, el Comité Económico y Social Europeo quiere ahora ir más allá y lanzar una Renta Mínima Europea. Abordar ese reto a medio plazo requiere que en España, primero pongamos en orden nuestro sistema: carecemos de una normativa estatal que aglutine las distintas prestaciones no contributivas de garantía de ingresos. Partiendo de las distintas nomenclaturas, existe disparidad en las condiciones y en las cuantías.

La garantía de rentas es una cuestión fundamental para luchar contra la pobreza infantil. Aunque no es la solución –el problema es mucho más complejo–, contribuiría a que no empeoren los niveles de pobreza o exclusión social e impediría su agravación. Se convertiría en un potencial estabilizador, sobre todo si tenemos en cuenta el impacto que la crisis está teniendo en la población, que nos ha situado en el ranking como uno de los países con mayor tasa de desigualdad y pobreza infantil, llegando a superar el 27%.

Según la memoria de sobre Rentas Mínimas de Inserción del Ministerio de Sanidad y Servicios Sociales e Igualdad, el perfil mayoritario de beneficiarios de estas ayudas es de personas de entre 35 y 44 años, con estudios primarios y una vivienda alquilada y en situación de convivencia biparental y con hijos e hijas a su cargo, además el informe deja en evidencia las diferencias abismales entre autonomías.

Que las rentas mínimas tienen una incidencia en la reducción de la pobreza es algo demostrado. El propio Consejo Económico y Social (CES) Vasco cifra en un 39% la reducción de la pobreza que se produce como consecuencia de las políticas de protección social, fundamentalmente de la Renta Mínima de Inserción, en su comunidad autónoma.

La disparidad como escollo

La propuesta del Comité Económico y Social Europeo de crear una Renta Mínima Europea está ligada a las medidas que persiguen alcanzar los objetivos de la Estrategia Europea 2020 relativos al empleo, la pobreza y la exclusión social. Su apuesta también pasa por incluir, entre otros, la fijación de subobjetivos a escala europea y nacional para grupos con mayor riesgo de pobreza, como la infancia.

Se quiere lograr un objetivo global. Pero las desigualdades en las rentas mínimas en los distintos países europeos son un importante escollo. En España nos encontramos con una dificultad añadida con las diferencias territoriales entre las distintas autonomías.

Más allá de esto, es importante remarcar que las recomendaciones europeas no se pueden centrar solo en la cuantía económica y el empleo. Es importante que le den más protagonismo a la recomendación específica para la inclusión social, con todo tipo de programas destinados al acompañamiento social. Además, para que las rentas mínimas de inserción sirvan para combatir la pobreza infantil debería sufrir un aumento importante de la cuantía en la asignación por hijo, tal como plantea Unicef.

Ana Isabel Lima, presidenta del Consejo General del Trabajo Social