Los trabajadores sociales rechazan que los usuarios de la Ley de Dependencia deban pagar más

El Consejo General del Trabajo Social (CGTS) critica que el Gobierno pretenda aumentar el copago de los beneficiarios de la Ley de Dependencia. Así lo recoge el borrador del Real Decreto que el Gobierno pretende aprobar la semana que viene y que se debatirá mañana en el Comité Consultivo de la Ley de Dependencia. Los y las trabajadoras sociales, profesionales de referencia en los servicios sociales, rechazan que se apriete el cinturón a las personas dependientes, justo ahora, cuando la crisis más les ahoga. Si hasta ahora las personas con ingresos inferiores al IPREM (532 euros mensuales) quedaban exentas del pago, el Gobierno rebaja esos ingresos al 75% de este indicador económico (399 euros). Por ejemplo, si un dependiente cobra 400 euros mensuales, deberá contribuir, por poco que sea, la prestación que recibe, algo que al CGTS le parece totalmente “injusto”. El Consejo General del Trabajo Social también advierte de que contabilizar la renta familiar a la hora de dar la paga al cuidador, como publican varios medios de comunicación, pervierte la ley. Pese a todo, la presidenta del CGTS, Ana Lima, valora que se haya unificado un coste de referencia del servicio de ayuda a domicilio y que se haya determinado la fórmula para la participación del beneficiario en el coste de la prestación. En este sentido, Lima ve positivo que haya una regulación a nivel estatal. Pero critica que el Gobierno haya aprovechado para que los dependientes tengan que pagar más y que hayan retocado las horquillas para dejarlas en máximos. Para denunciar estos recortes, como los otros que se están produciendo en los servicios sociales, los y las trabajadoras sociales han impulsado la Marea Naranja. La campaña, que consiste en vestir una camiseta naranja, la siguen los colegios de profesionales sociales de toda España. El objetivo es visibilizar que el tijeretazo está poniendo en peligro la supervivencia de los servicios sociales y acabarán rompiendo la cohesión social, con el peligro que ello supone para la convivencia y el bienestar de la ciudadanía.