ESTATAL. La Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales publica los resultados del Índice DEC 2017

Los resultados del Índice DEC 2017 publicados por la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales (ADYGSS) nos dejan una radiografía positiva de la evolución de los servicios sociales en España en los últimos dos años aunque desde ADYGSS también alertan de la posibilidad de riesgo de retornar al asistencialismo y la limosna institucional del pasado, en detrimento de servicios sociales de calidad. Así, podemos observar que:

- País Vasco y Castilla y León siguen teniendo la mejor calificación en materia de Servicios Sociales.
- Canarias y la C. de Valencia, que tradicionalmente han sido las Comunidades con peores servicios sociales, aunque sigue en esta posición registran mejoras muy significativas.
- Mientras la mayor parte de las Comunidades evolucionan de manera positiva, algunas, como la C. de Madrid, muestran un deterioro de sus servicios sociales.
- Cataluña, contrariamente a la tendencia general, registra un retroceso en el gasto de sus Administraciones Públicas en servicios sociales desde el año 2013, año en el que tocan fondo los recortes en esta materia en el conjunto del Estado.

Además se aprecia una importante disparidad entre las distintas comunidades autónomas que resulta extrema en la mayor parte de los indicadores de cobertura de prestaciones y servicios y que tienen su origen en claves administrativas y en una extrema disparidad en el gasto en servicios sociales que realizan las Administraciones Públicas en cada territorio.

El estudio también resalta que ‘gastar más no es necesariamente hacerlo mejor’ y que es importante la vertebración y descentralización local como determinantes para la eficiencia del sistema. Asimismo, insisten en que una de las claves que pueden explicar la eficiencia en el gasto es el grado de descentralización de servicios en las administraciones locales.

Desde la ADYGSS se habla de un estado ‘en retirada’ porque a pesar de que algunos servicios sociales de obligada entrega (Dependencia) dependen por Ley de la garantía estatal de financiación mínima para su desarrollo homogéneo en todo el territorio del Estado, la AGE ha mantenido sin duda la política más dura respecto al gasto público en servicios sociales. Además añaden que si a este panorama le unimos otros síntomas como la reciente retirada de la gestión de buena parte del 0’7% del IRPF (dirigido a las entidades del tercer sector) por la Sentencia del Tribunal Constitucional que determina que dichos fondos (230 millones de euros) deberán ser distribuidos por las Comunidades Autónomas, la acción del Estado en materia de Servicios Sociales es cada vez más residual, manteniendo únicamente como obligación –a todas luces incumplida- la financiación del sistema de atención a la dependencia, así como las derivadas de Pacto del Estado con las CC.AA. para cofinanciar estructuras básicas de servicios sociales (Plan Concertado).

Enlaces

• Acceso a documentos en la web de ADYGSS