Los trabajadores sociales convocan una concentración de protesta el 24 de octubre
A las 18:30 horas en la plaza de Los Bandos para denunciar los recortes de las administraciones públicas en materia de servicios sociales. Las ayudas de emergencia social se han reducido un 65% y se ha despedido a la mitad de trabajadores sociales
El Colegio de Trabajadores Sociales de Salamanca y Zamora ha convocado una concentración en la plaza de Los Bandos el próximo 24 de octubre, a las 18:30 horas, para protestar contra los recortes de las administraciones públicas en materia de servicios sociales. Una manifestación dentro de la denominada ‘marea naranja’, surgida el pasado mes de junio, para denunciar los recortes sociales. Están llamados a participar los 240 trabajadores sociales colegiados y los más de mil sin colegiar, pero también asociaciones, sindicatos e instituciones.
La presidenta del Colegio, Juana Ramos, explicó que se unen a las protestas de los empleados de sanidad y educación, en esta caso para denunciar los recortes en su parcela. “Lo mínimo que podemos hacer como profesionales es manifestarnos”, apostilló. Y es que se están produciendo constantes despidos de trabajadores en un momento en que más se necesitan, pues la demanda de ayuda de los ciudadanos crece sin parar. Así, en los últimos años se ha reducido la mitad de los empleos públicos en servicios sociales. Sobre todo por los cambios en la Ley de Dependencia.
Por ejemplo, las personas cuidadoras de dependientes han sufrido recortes del 30 por ciento y en algunos casos del 70 por ciento, mientras que en ayuda a domicilio llega al 50 por ciento. A lo que se unen los recortes en programas y proyectos que se centran en familias en trámites de salir de la situación de dificultad económica. Las ayudas de emergencia social se han recortado un 65 por ciento, mientras el umbral de la pobreza alcanza ya a la cuarta parte de la población. “Y no sólo hablamos de pobreza económica, sino pobreza social”.
Y no se prevén mejorías porque los presupuestos del Estado se han reducido un 65 por ciento en los dos últimos años y la Junta también los ha reducido. Toda esta merma obliga a las ONG a intervenir, al no haber trabajadores sociales para cubrir la demanda ciudadana existente, con lo que no se presta un servicio que va más allá de la mera ayuda. “Se vuelve a la beneficencia mientras la administración hace dejación de sus obligaciones para cubrir derechos constitucionales”, concluyen los trabajadores sociales.
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