Los trabajadores sociales critican que se amplíe a dos años el plazo de las autonomías, para dar las ayudas a los usuarios de la Ley de Dependencia.

Tras los acuerdos del Consejo Territorial de la Dependencia:

Los trabajadores sociales critican que se amplíe a dos años el plazo de las autonomías para dar las ayudas

• El Consejo General del Trabajo Social denuncia que muchas personas fallecerán en el camino sin recibir una ayuda, ya que se amplía en 18 meses el periodo en que las comunidades autónomas quedan exentas de pagar la retroactividad por el retraso en resolver los expedientes.

• Los profesionales de referencia en el sector advierten del colapso de los servicios sociales de los ayuntamientos. La congelación de la atención a los dependientes moderados hasta 2015 deriva su atención a los servicios sociales municipales, cuya financiación se ha reducido en un 42%.

Madrid, 11 de julio de 2012. El Consejo General del Trabajo Social (CGTS) rechaza que se amplíe a dos años el plazo de las autonomías para dar las ayudas por la dependencia sin tener que pagar la retroactividad. Para los trabajadores sociales, este acuerdo tomado ayer en el Consejo Territorial de la Dependencia es una forma encubierta de congelar la entrada de nuevos dependientes. Además, alerta de que muchos de ellos, con la demora, morirán antes de haber recibido una ayuda.

Los y las trabajadoras sociales también denuncian que la decisión de retrasar un año más, hasta 2015, la incorporación de nuevos dependientes moderados al sistema acabará colapsando los servicios sociales de los ayuntamientos. La ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Ana Mato, justificó la medida, al finalizar el Consejo Territorial, asegurando que “mientras tanto, serán atendidas por los servicios sociales”. El CGTS recuerda que los servicios sociales de base precisamente han sufrido un recorte del 42% en los Presupuestos Generales del Estado. La presidenta del CGTS, Ana Lima, duda de que los ayuntamientos puedan asumir ese peso.

Lima también considera que, reducir al menos un 15% la paga a las cuidadoras familiares y anular la cotización a la seguridad social de estas “les supondrá un castigo”. Lima recuerda que el 98% de los cuidadores familiares son mujeres. “El trabajo de las mujeres en el cuidado de los dependientes quedará desvalorizado a nivel formal”, denuncia. El CGTS teme que esta rebaja no potencie la concesión de servicios como justifica el Gobierno y espera que no se quede en la merma de la ayuda al usuario.

Los trabajadores sociales sí aplauden que el Gobierno haya recapacitado en su intención de rebajar el nivel de renta a partir del cual el usuario debe copagar al sistema. El último borrador del Real Decreto que regulará este aspecto rebajaba al 75% del IPREM (399 euros mensuales) la renta a partir de la cual se copagaba. Ayer, el nivel se mantuvo en el 100% del IPREM. Por tanto, sólo quienes ingresen más de 532 euros copagarán.