EL DERECHO A LA ACCESIBILIDAD Y LA UNIVERSALIDAD EN LOS SERVICIOS PÚBLICOS ESENCIALES
Desde el Colegio Oficial de Trabajo Social de Granada venimos observando, fundamentalmente desde marzo de 2020 y a raíz de la pandemia del COVID-19, una serie de factores de riesgo asociados a la ausencia de accesibilidad a las administraciones públicas y/o servicios esenciales que nos preocupa como trabajadores y trabajadoras sociales por la incidencia que posee en el incumplimiento de los derechos de las poblaciones más vulneradas. Una tendencia que, debido a múltiples factores estructurales, ha emergido en las distintas administraciones, en mayor o menor medida, sin ir acompañada de un proceso de análisis y diagnóstico de cómo la denominada digitalización está restringiendo principios rectores de nuestro contexto normativo como son la universalidad, la accesibilidad y la inclusión de todas las personas.
La digitalización de las administraciones públicas, vinculada a la modernización de dichas administraciones, acorde con el tiempo presente, está suponiendo sin embargo la limitación no sólo de la presencialidad de los servicios, sino que posee un fuerte carácter excluyente para aquellas personas que, por diversas circunstancias económicas, sociales, personales, sociodemográficas, etc. no pueden y/o no saben cómo acceder a los medios adecuados para el ejercicio de su derecho. Dicha exclusión implica, por un lado, la imposibilidad de realizar un trámite imprescindible para el desarrollo de una vida digna para muchas de estas personas, y además favorece la invisibilidad de las administraciones que, en determinados territorios, es extremadamente preocupante.
No cuestionamos, por tanto, el proceso de digitalización, si no que de manera paralela siga favoreciéndose el acceso por medios recogidos en las diferentes legislaciones existentes para quienes no sea posible hacerlo por la vía telemática.
Conscientes que la mejora de la eficiencia de las administraciones públicas en su conjunto no puede hacer primar la sostenibilidad de las inversiones como elemento condicionante, resulta urgente un planteamiento construido desde el supremo interés de la ciudadanía y el ejercicio de sus derechos.
Así mismo, y acorde con los principios de accesibilidad, universalidad y proximidad de los servicios esenciales, resulta fundamental pedir la apertura inmediata de todos los centros públicos que forman parte de cualquier sistema de protección, una apertura inmediata y total con los recursos humanos adecuados para dar cobertura a la prestación de los distintos derechos reconocidos. Una presencia de estos recursos imprescindibles en los territorios y que no puede demorarse más ante el peligro de fragilizar, aún más, territorios y poblaciones vulneradas por diversas razones estructurales, culturales, económicas o sociales.
Somos conscientes de todas las dimensiones e intereses que se conjugan en estos escenarios vinculados a la plena accesibilidad, universalidad e inclusión, así como los retos que supone para plantillas menguadas de profesionales que deben hacer frente a una nueva situación de crisis similar a la vivida en 2020, pero también somos conscientes que la digitalización o la restricción de atenciones presenciales invisibilizan derechos, silencian demandas legítimas y fomentan una sostenibilidad basada en recortes de derechos y servicios públicos.
Es por esto que reclamamos a las distinta administraciones públicas en el ámbito local, autonómico y/o estatal que den un paso hacia adelante en la humanización de los sistemas de bienestar social que conforman nuestro estado de derecho, contemplando las realidades existentes, así como las desigualdades estructurales que afectan al ejercicio de los derechos, y hagan una apuesta firme en el reconocimiento de los derechos sociales sin que nadie, ninguna persona, permanezca sin ser oída, sin la atención adecuada a su situación y con todos los recursos posibles puestos a su disposición para alcanzar el desarrollo de una vida digna.
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