Anteproyecto de ley por el derecho a la vivienda: resumen y propuestas desde el Trabajo Social

Una vez llevada a cabo esta primera lectura, el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana iniciará la tramitación de este anteproyecto, que constará de diferentes trámites previos a la conformación de un texto final que se elevará de nuevo a Consejo de Ministros para su aprobación y remisión posterior a las Cortes Generales. Esta futura ley de vivienda forma parte de las reformas a las que el Gobierno se ha comprometido con la Comisión Europea para llevar a cabo en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR).

Entre las medidas propuestas en este anteproyecto de ley de vivienda, destacan algunas novedades:

• Definición de un estatuto jurídico de derechos y deberes asociados a la propiedad de vivienda, delimitando su función social.
• Creación de un entorno fiscal favorable para la reducción de los precios del alquiler y el aumento de la oferta a precio asequible. Para ello, se establece un 50% de reducción en los nuevos contratos de arrendamiento, incrementable en casos concretos, como en los primeros alquileres de jóvenes de entre 18 y 35 años.
• Mejora en la regulación de los procedimientos de desahucio que puedan afectar a la vivienda habitual de hogares vulnerables, garantizando una comunicación efectiva y rápida entre el órgano judicial y los servicios sociales para que estos evalúen la situación y atiendan rápidamente a las personas en situación de vulnerabilidad económica y/o social. Igualmente, garantiza que los Servicios Sociales puedan ofrecer soluciones habitacionales a los afectados, evitando situaciones de desamparo como consecuencia del desalojo. Mientras estas soluciones se producen, se amplían los plazos de suspensión de los lanzamientos en estas situaciones de vulnerabilidad: de 1 a 2 meses cuando el propietario es persona física y de 3 a 4 cuando es persona jurídica. Además, se introducen en el procedimiento criterios objetivos para definir las situaciones de vulnerabilidad económica.

El derecho a una vivienda digna y adecuada viene recogido en el artículo 47 de la Constitución Española, obligando así a todos los poderes públicos a cumplirlo en sus esferas de competencia. Por tanto, esta futura ley de vivienda constituye la respuesta por parte del Estado a este artículo.

La media de edad de emancipación en España es de 29,5, situándose así el sexto país por la cola a nivel europeo, como reflejan los datos de Eurostat (abril 2020). Por tanto, es importante que la futura ley de vivienda tenga en cuenta la situación de los jóvenes, además de la de aquellas personas y familias vulnerables.

El Trabajo Social apuesta cada día por mejorar la calidad de vida de las personas, como agentes de cambio que somos, acompañándolas en el ejercicio de sus derechos. Es tiempo de recuperar la función social de la vivienda. La falta de una vivienda digna, de un hogar en el que poder desarrollar un proyecto de vida personal y familiar dificulta todas las demás situaciones a las que pueda enfrentarse una persona. En esta línea, el Consejo General del Trabajo Social ha elaborado un informe sobre esta propuesta de ley de vivienda del Consejo de Ministros en el que resumimos todos los puntos de este anteproyecto y aportamos importantes propuestas en materia de vivienda desde el Trabajo Social.