El Consejo General, a través del GEIES, incide en el alto impacto humano de la ”peor dana” de los últimos años

Cada vez es más evidente que el cambio climático genera fenómenos atmosféricos que condicionan la vida de las personas y provocan efectos devastadores. Ayer algunas zonas de España las devastadoras vivieron inundaciones y consecuencias de la última DANA por lluvias torrenciales y tormentas eléctricas, provocando graves inundaciones, desbordamiento de ríos, zonas incomunicadas y miles de personas damnificadas.

La Agencia Estatal de Meteorología advertía en un comunicado el pasado lunes de la llegada de la “peor dana” de los últimos años, afectando sobre todo a la Comunidad Valenciana, el sur de Cataluña, Castilla La Mancha, Murcia y el este de Andalucía. Con mayor certeza se esperaba que estas predicciones se dieran a partir del martes 29 con chubascos y tormentas fuertes o muy fuertes, que serían localmente persistentes en las zonas advertidas anteriormente.

Esta predicción se hizo realidad y algunas comunidades autónomas activaron el nivel rojo y naranja por la grave situación, activando los Planes territoriales de Inundaciones, lanzando recomendaciones desde Protección Civil y advirtiendo a la ciudadanía por alerta móvil que evitaran desplazamientos innecesarios y se resguardaran. A pesar de estas acciones, las consecuencias han sido devastadoras y no han dado tregua a los servicios de emergencia. En las zonas más afectadas se han tenido que auxiliar a municipios enteros, se han tenido que habilitar espacios de albergue y se ha activado la búsqueda de personas desaparecidas.

Para el seguimiento de los efectos de la DANA el gobierno central constituyó la noche del 29 un comité de crisis con el fin de activar a la Protección Civil, UME, Guardia Civil y Policía Nacional, coordinar las actuaciones, las labores de rescate y restablecimiento con el resto de las administraciones públicas. Asimismo otras comunidades autónomas menos afectadas han puesto sus servicios de emergencia a disposición de aquellos gobiernos territoriales que más lo necesiten.

Informes nacionales e internacionales sobre los efectos de las catástrofes, inciden en el alto impacto humano de situaciones como las vividas en España ayer, no solo por el número de víctimas mortales, sino porque cada vez es más impactante en términos de personas afectadas que requieren acompañamiento durante la emergencia, dando continuidad a la intervención y ayuda psicosocial postemergencia, tras perder sus hogares, sus bienes, o sus medios de vida.

El Consejo General desde el Grupo Estatal de Intervención en Emergencias Sociales hemos contactado con los Colegios Oficiales de Trabajo Social de la Comunidad Valenciana, Castilla La Mancha y Andalucía para conocer la situación de la población de los municipios más afectados, la activación de las profesionales del Trabajo Social desde los diferentes efectivos y el papel de la estructura profesional.

El trabajo desarrollado por nuestros compañeros y compañeras pone una vez más de manifiesto que los y las trabajadoras sociales, a pesar de ser también víctimas y personas afectadas por el trauma de una catástrofe, juegan un rol clave en la coordinación de la ayuda. Ante esta situación los y las trabajadoras sociales tienen la capacidad de conocer y evaluar las necesidades y servicios reales, estableciendo posibles mecanismos de coordinación para la distribución efectiva y rápida de ayuda, atención y acompañamiento a las personas y familias damnificadas y afectadas. Con su trabajo ponen en valor el rol que el trabajo social juega en la coordinación y movilización de recursos en una situación de emergencia.

Desde el Consejo General seguiremos acompañando ante esta situación a las profesionales y a la ciudadanía, pero además reiteramos a las administraciones la necesidad crítica de respaldar la acción humanitaria tanto a nivel nacional, autonómica y local, y seguir trabajando en tomas de decisiones racionales poniendo en el centro a la población en materia de prevención y preparación para desastres. Asimismo reiteramos la necesidad de contar con la afección social de la población ante desastres en el desarrollo de los planes de emergencia no solo a nivel nacional, si no también autonómico y local.