El Consejo General organiza junto con Fundación ONCE un seminario sobre el papel del Trabajo Social en el nuevo sistema de apoyos
Emiliana Vicente, Presidenta del Consejo General del Trabajo Social, y José Luis Martínez Donoso, Director General de Fundación ONCE, han inaugurado el seminario/webinar ‘La reforma del Derecho Civil: papel clave y rol del Trabajo Social en el nuevo sistema de apoyos’, organizado por ambas entidades. La jornada, englobada dentro del ciclo de seminarios ‘Avanzando en los Derechos de las Personas con Discapacidad’, ha estado dirigida a profesionales del Trabajo Social y en ella se ha abordado la nueva realidad tras la aprobación de la reforma en la legislación civil y procesal para el apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica.
El seminario ha tenido lugar durante la tarde del 9 de junio y ha estado moderada por Miguel Ángel Cabra de Luna, Director de Alianzas, Relaciones Sociales e Internacionales de Fundación ONCE. El seminario, que ha recibido más de 1.200 inscripciones y se ha podido disfrutar tanto en modalidad presencial como online, se ha desarrollado en el marco del convenio de colaboración con el CERMI Estatal, el Consejo General del Notariado y la Fundación Aequitas. La Fundación Española de Fundaciones Tutelares también ha colaborado en el evento.
El webinar se ha organizado a colación de la reforma en la legislación civil y procesal aprobada el pasado 20 de mayo y que incide sobre 8 leyes: Código Civil, Ley de Notariado, Ley de Enjuiciamiento Civil, Ley de Registro Civil, Ley de Patrimonio Protegido, Ley de Jurisdicción Voluntaria, Ley Hipotecaria y Ley de Comercio. Este hito histórico acaba con la incapacitación jurídica de las personas con discapacidad y pone a su disposición un sistema de apoyos individualizados que les permitirá tomar sus propias decisiones de forma libre y autónoma.
Esta reforma marca un antes y un después para las personas con discapacidad. Además, el Trabajo Social va a desempeñar un papel fundamental en el apoyo, respeto y seguimiento de estas personas, ha asegurado Donoso.
Vicente ha mencionado la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que defiende que la verdadera inclusión pasa por tener capacidad jurídica en igualdad de condiciones con las demás, en todos los aspectos de la vida. Igualmente, la Convención insta a los estados a adoptar medidas que proporcionen a las personas con discapacidad acceso al apoyo que puedan necesitar en el ejercicio de su capacidad jurídica.
Se trata de un avance que favorece la capacidad de decisión de las personas con un sistema de apoyos adecuado. Es preciso que las administraciones públicas reconozcan que la discapacidad es un concepto que evoluciona, tal como establece la Convención, y que esta es una herramienta jurídica importante para construir políticas públicas para la discapacidad desde la perspectiva de los derechos humanos, donde han de estar presente la agenda 2030 y el diálogo civil, ha asegurado Vicente durante su intervención.
Una vez finalizada la inauguración, del acto, ha comenzado el coloquio y la primera persona que ha intervenido ha sido Rosa Ugalde, Presidenta del Colegio Oficial de Trabajo Social de Guipuzkoa. Ugalde ha asegurado que continuamos con un modelo médico y que no trabajamos por que las personas con diversidad funcional desarrollen sus capacidades. Es imprescindible avanzar en un modelo social que ponga énfasis, precisamente, en la transformación social y en un cambio real para que las personas con discapacidad se encuentren con sociedades que las incapaciten aún más.
También es fundamental promover el derecho a que cada persona pueda elegir y tener un modelo de vida independiente, algo aún más complicado en el caso de las mujeres ya que las mujeres con discapacidad se encuentran con más inconvenientes para poder tomar sus propias decisiones. Igualmente, ha afirmado que la figura del Trabajo Social debe ser referente y estar presente en todos los escalones del sistema de protección social.
Federico Cabello de Alba, notario y Director de la Sección Social de la fundación Aequitas- Consejo General del Notariado, ha reforzado la idea de que esta reforma da preferencia a la voluntad de las personas con discapacidad y termina con el paradigma tradicional en el que era otro quien tomaba las decisiones de la persona con diversidad funcional.
A partir de ahora aquellos que cumplan 18 años podrán elegir voluntariamente a quienes delimiten su sistema de apoyos y representación. Sin embargo, los tutores que ya existen seguirán ejerciendo esas funciones pero con arreglo a las disposiciones de la nueva ley: respetar los deseos de la persona con una mínima intervención. Además, Cabello recomienda a trabajadores/as sociales que busquen el sistema de apoyos adecuado a cada persona en lugar de optar soluciones genéricas.
Gregorio Saravia, Delegado del CERMI Estatal para los Derechos Humanos y la convención de la ONU de la Discapacidad, respalda la opinión de que la modificación de la ley es el comienzo pero que sus efectos reales pasan por un cambio en la mirada por parte del Estado y de la sociedad.
Torcuato Recover, abogado y representante de la Asociación Española de Fundaciones Tutelares, también ha asegurado que se pasa de un régimen de sustitución a un sistema de apoyos. Además, indica que un sistema de apoyos es versátil y se adapta a las capacidades de cada persona, por lo que es importante informar de cuáles son las opciones que tienen disponibles estas personas.
Puedes volver a ver el seminario en el canal de Youtube de Fundación ONCE.
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