El Consejo General se reúne con Fernando Grande-Marlaska, ministro del Interior del Gobierno de España

El papel de las trabajadoras sociales en instituciones penitenciarias cuenta con más de cuarenta años de trayectoria desde que en 1983 comenzó la primera andadura en 1983 con la primera promoción de trabajadoras sociales en instituciones penitenciarias. El Trabajo Social Penitenciario es una profesión científica con metodología concreta e instrumentos de trabajo propios orientados a la reeducación y reinserción social de los/as mujeres y hombres privados de libertad.
Las y los trabajadores sociales desarrollan sus funciones siendo miembros integrantes de los equipos interdisciplinar (Equipo Técnico/Junta de Tratamiento) que existen en cada uno de los centros penitenciarios españoles. La intervención social se centra tanto, en la atención a personas que entran en contacto con el sistema penitenciario en situación preventiva, penada, liberados condicionales, sometidos a medidas alternativas al cumplimiento de prisión, etc.; y también manteniendo relación de comunicación con sus familiares y su entorno social.
Así, las trabajadoras sociales ejercen en Atención en Centro Penitenciario (medio ordinario/cerrado), Atención en Centro de Inserción Social/Sección Abierta, Atención en Libertad Condicional y Atención en Penas y Medidas Alternativas. Pese a la legitimación jurídica, la consolidación científica de la disciplina y el nivel de responsabilidad y rigurosidad del Trabajo Social Penitenciario, somos el único colectivo profesional que participa en órganos colegiados y ejerce potestades públicas con categoría de personal laboral, frente al resto de profesionales que tienen categoría de personal funcionario.
Desde el Consejo General hemos reclamado corregir esta desigualdad y reforzar el estatus profesional de las trabajadoras sociales en instituciones penitenciarias.
Asimismo, en la reunión también se ha abordado el papel clave del Trabajo Social en emergencias y grandes catástrofes. Desde los diferentes escenarios en los que tienen cabida los y las profesionales del Trabajo Social, se unen a la atención integral siendo necesaria su participación dentro de un equipo multidisciplinar e interinstitucional que, de forma coordinada, ayuda a conseguirlo. Entre sus funciones está trabajar antes, durante y después de la emergencia. Su papel no se puede ver reducido a una atención puntual, si no que tras el hecho (la post-emergencia), también se hace imprescindible su labor, porque se realizará un acompañamiento y se plantea un itinerario de intervención social entre el profesional y la persona/familia afectada facilitando la normalización, el seguimiento de la vida y la evaluación de la adecuación de los recursos una vez finalizada la emergencia.
Los trabajadores sociales tienen competencias únicas en intervención comunitaria, detección de necesidades, coordinación de evacuaciones, apoyo emocional, gestión de recursos y fortalecimientos de vínculos comunitarios, interviniendo en catástrofes como atentados, seísmos, incendios o accidentes de gran escala, con un reconocimiento expreso a su trabajo y compromiso. En esta línea, desde el Consejo General se valora positivamente la firma de un convenio de colaboración que facilite el fortalecimiento del Trabajo Social en emergencias en aspectos como la formación conjunta, el desarrollo de investigaciones, la elaboración de guías técnicas o el trabajo en red con diferentes organizaciones y profesionales, en tanto que el trabajo conjunto con Protección Civil revertiría en una mejor atención a la ciudadanía.