Emiliana Vicente, presidenta del Consejo General, comparecen en la Comisión para la Reconstrucción Social y Económica

Durante su intervención la presidenta del Consejo General del Trabajo Social ha explicado ante la Comisión del Congreso de los Diputados una serie de medidas sociales para combatir lo que ha denominado como el “avance de una crisis social acumulada” como consecuencia de las privatizaciones de los Servicios Sociales de 1996, los recortes de 2012 o el colapso de este sistema como consecuencia de la crisis del coronavirus.

Emiliana Vicente ha presentado treinta medidas para articular de manera transversal la reactivación real de los sistemas públicos del Estado de Bienestar a través de la inclusión social. En su comparecencia, la presidenta del Consejo General se ha centrado en diez medidas fundamentales que ha desarrollado ante los y las integrantes de la Comisión para hacerles llegar la preocupación de las trabajadoras sociales ante la crisis que ya están sufriendo grandes grupos poblacionales.

“Es importante asegurar el derecho a los Servicios Sociales como derechos fundamentales constitucionales” y para ello se ha propuesto el acceso de la ciudadanía a la cobertura universal del Sistema Público de Servicios Sociales como cuarto pilar del Estado de Bienestar. Asimismo, ha indicado la necesidad de incorporar en el diálogo social a los Consejo Generales de las profesiones de los servicios públicos, reconociendo igualmente a interlocutores tales como organizaciones feministas, organizaciones familiares, ONGs e instituciones sin fin de lucro.

“Es necesario la apuesta del Gobierno central en la declaración de los Servicios Sociales como derecho subjetivo y como servicios público esencial y de interés general. Normativicemos en el tiempo la medida adoptada en esta crisis” ha solicitado Emiliana Vicente para trabajar por la responsabilidad de los derechos sociales reconocidos para la cobertura de las necesidades sociales básicas de la ciudadanía española, independientemente de su lugar de residencia. En este sentido, ha pedido también dejar de usar a los servicios sociales como un sistema marginal donde derivar casos de otros sistemas puesto que este tipo de acciones conduce inexorablemente al refuerzo de la exclusión social. Sobre esta cuestión ha afirmado lo siguiente “No puede ser que lo que no se resuelva en otros sistemas aparezca en Servicios Sociales, además en el último momento y en el último lugar. Nosotros/as no tenemos varitas mágicas, acompañamos a los procesos de las personas diaria y constantemente, aplicamos articulación de medidas de carácter económico pero no es la finalidad, sino procesos de acompañamiento, de apoyo psicosocial, de trabajar por la autonomía de esas personas con esas personas para que puedan salir de esa situación en que se encuentran”.

En la comparecencia ha incidido también en la importancia de reformar la política fiscal, la reposición del Plan Concertado, una apuesta por la coordinación sociosanitaria, un nuevo modelo de cuidados de larga duración o el reconocimiento a la aprobación de la medida básica del Ingreso Mínimo Vital (IMV) aunque ha referido que este es solo el inicio. “El Ingreso Mínimo Vital es el inicio, la aplaudimos pero no podemos quedarnos en ese punto. Debemos trabajar en la Renta Básica Universal para realmente hacer que la pobreza y la exclusión social dejen de ser estructurales en nuestro país como lo están siendo”.

Finalmente ha explicado medidas sociales para avanzar en una sociedad más justa, igualitaria y cohesionada sin dejar a nadie atrás, y sin olvidar la importancia de fomentar programas de desarrollo rural sostenible de cara a combatir también la pobreza en entornos menos poblados.

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