Europa se olvida del impacto social de la pandemia en sus directrices

Hace unas semanas se publicó la Estrategia Anual de Crecimiento Sostenible para el próximo año de la Comisión Europea, que aborda cómo se implanta a nivel nacional el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia. Se trata de un apoyo a los estados en sus reformas para mitigar los efectos económicos y sociales de la pandemia por coronavirus y que tienen el ámbito fiscal su mayor impulso. “ Por consiguiente, a pesar del gran perjuicio que el COVID-19 ha causado a los servicios sociales y los sistemas de atención social, parece que en sus sugerencias la Comisión se ha olvidado en gran medida del impacto social de la pandemia”, concluyen desde ESN .

El mercado laboral, la educación, la sanidad y las políticas sociales son los principales ejes en los que se mueven las recomendaciones para la implementación a nivel nacional del MRR para lograr la “mejora de las capacidades, reducción de la segmentación del mercado laboral, mejora de la cobertura de los programas de trabajo con jornada reducida y prestaciones por desempleo, inclusión de personas con discapacidad, aumento de la participación en el mercado laboral (incluidos los grupos vulnerables), mejora de la resiliencia, accesibilidad y eficacia de los sistemas sanitario y de asistencia o refuerzo de la protección social (incluida la atención de larga duración)”.

“No obstante, estas propuestas no abordan los sectores de los servicios sociales y los cuidados, que se siguen enfrentando a años de falta de inversión en los servicios de salud y sociales públicos en toda Europa”, comentan desde el ESN, que pone de ejemplo la provincia de Barcelona. Allí la cobertura de la asistencia domiciliaria solo llega al 20 % de quienes se les ha aprobado la ayuda, y quienes acceden a ella, solo reciben de media 13 horas de asistencia al mes. En Cataluña, solo hay tres trabajadores sociales y dos educadores sociales por 15 000 habitantes, una cifra que no ha variado desde 2008, cuando se desató la crisis económica anterior.

Otro ejemplo que se da es el de la mortalidad en las residencias de personas mayores, que ha visibilizado la falta de inversión a largo plazo en estos centros y este fragmento de la población. Según los” datos de varios países”:https://www.theguardian.com/world/2020/apr/13/half-of-coronavirus-deaths-happen-in-care-homes-data-from-eu-suggests, el promedio de personas fallecidas en residencias por COVID-19 representa la mitad del total de víctimas. “Estos datos indican que, como parte de la implementación nacional del MRR, los gobiernos deben invertir en reformas estructurales que transformen el modelo de atención residencial para las personas mayores y las personas con discapacidad de manera que se promuevan servicios sociales comunitarios locales preventivos, se refuercen los cuidados en el hogar, se garantice los cuidados en la comunidad de quienes reciben el alta hospitalaria y se haga frente a las deficiencias actuales en empleo y las capacidades de los servicios sociales y de cuidados”, indican.

Según se denuncia, la Comisión Europea a través de la EACS, no invita a los gobiernos nacionales a invertir en los sectores de los servicios sociales y los cuidados. Tampoco aprecia la repercusión económica que tendría un sector de los servicios sociales que tuviera recursos suficientes pese a que, según los datos de Eurostat, representa una buena parte del personal total de la UE. Solo entre las actividades de trabajo social y atención residencial, hay aproximadamente 11 millones de trabajadores, lo que supone el 5 % del personal de la UE.

Pese a que no contemos aún con datos globales sobre el incremento de la demanda en servicios sociales desde el inicio de la pandemia en España, sí que contamos con datos parciales que nos ayudan a tener una imagen aproximada. Entre marzo y julio, los servicios sociales de Barcelona atendieron a un total de 44.463 personas y se otorgaron ayudas de emergencia por un valor global de 8,01 millones de euros. Se trata, en primer lugar, de la mitad del global de personas que se atendieron en 2019 y solo esos cuatro meses gastaron el equivalente a más del doble en 2019 (3,9 millones de euros entre marzo y julio de 2019).

En Europa las cifras arrojan un fenómeno similar. En el norte de Francia el número de personas que reciben la renta mínima ha aumentado más del 5%, mientras que en la región flamenca de Bélgica alertan de un incremento del 30% de los usuarios de servicios sociales desde marzo. “Es probable que estos costes aumenten a medida que los procesos de digitalización, la tecnología asistencial y la teleasistencia se siguen desarrollando para responder mejor a las necesidades de vida independiente y autonomía de las personas que reciben apoyo de los servicios sociales públicos”, alertan desde el ESN.

“El gasto en bienestar social concluyen representa más de una quinta parte del gasto público subnacional, por lo que el bienestar social es un ámbito fundamental para promover el desarrollo socioeconómico”.