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Consejo

“Experimentos con gaseosa” del Ingreso Mínimo Vital. ¿Es en un autobús dónde tengo que gestionar el IMV?

miércoles 26 de octubre de 2022 CGTS

Desde el Consejo General del Trabajo Social nos preguntamos si es así como la administración pretende ser más accesible a la ciudadanía para garantizar la atención, el acompañamiento a las personas, facilitando los trámites y evitando listas de espera en el cobro de una prestación llamada de derecho. Parece que mover un autobús de municipio a municipio es la propuesta del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones para llegar a los y las potenciales beneficiarias que no cobran el Ingreso Mínimo Vital (IMV) aún por desconocimiento y por la complejidad de su tramitación.

El Ingreso Mínimo Vital se define como un derecho subjetivo, una prestación de naturaleza económica que garantiza un nivel mínimo de renta a quienes se encuentren en situación de vulnerabilidad económica. Si, tal y como recoge la Ley, el IMV forma parte de la acción protectora del Sistema de la Seguridad Social como prestación económica en su modalidad no contributiva, ¿No debería poder garantizar su acceso en condiciones óptimas de atención? ¿Se plantearía el Ministerio campañas similares para el acceso a cualquier otra prestación de modalidad periódica o no? ¿Es así como la administración pretende ser accesible a la ciudadanía para facilitar los trámites y evitar retrasos?. ¿No será una campaña más mediática y política que efectiva y operativa de la aplicación del IMV? ¿Por qué no se analizan las necesidades estructurales que están detrás de la aplicación del IMV?

Distorsionaremos nuevamente, las necesidades que debemos afrontar con la aplicación de esta prestación, y que poco o nada tienen que ver con la imagen que se traslada en un autobús, que incluso puede ser contraproducente y generar expectativas frustradas, que ya hemos vivido con la aplicación de otras leyes y que ya veremos cómo, cuándo y con quién esta nueva prestación se hace efectiva.

Esta campaña denominada ‘es lo mínimo’, bien podría reconocer que es lo mínimo garantizar una atención adecuada, personalizada, presencial e integral y continua y acceder a la información en cualquier momento. Que es lo mínimo dignificar, no estigmatizar. Que es, asimismo, lo mínimo, salvaguardar la confidencialidad y reforzar la seguridad jurídica. Guardar cola en la calle esperando ser informado en un autobús que pasa por determinados municipios (40 localidades durante los próximos meses), uno o dos días no acerca, ni resuelve la complejidad de la tramitación de este ingreso y por el contrario lanza una imagen indeseable relacionando el IMV con las colas del hambre, recordándonos a épocas pasadas vinculadas con el puro asistencialismo ¿Estamos ante un retorno a la beneficencia y asistencialismo disfrazado de derecho subjetivo?

Para garantizar la atención en la gestión del IMV y establecer una adecuada comunicación entre ciudadanos/as y profesionales sin esperas es preciso analizar y reforzar recursos y plantillas. Los y las trabajadores sociales consideramos que la gestión de esta prestación supone un proceso de tramitación tortuoso, farragoso y complicado para la ciudadanía y para la gestión de los Servicios Sociales. La inversión que se haya realizado en este tipo de iniciativas bien podría ser destinada por parte de la Seguridad Social a dotar a sus delegaciones territoriales de trabajadores/as sociales quienes mejor pueden valorar situaciones y realizar seguimientos posteriores de las personas solicitantes.

La falta de personal para el estudio y valoración de las solicitudes, tanto en el caso de la Seguridad Social como en los Servicios Sociales está creando un cuello de botella que impide la resolución rápida de los expedientes. Nuevamente el Sistema Público de Servicios Sociales se aleja de su verdadera función y a la ciudadanía se le seduce por la inmediatez de la venta de una prestación, que se presenta como el maná y la solución a todas las carencias y necesidades de nuestra sociedad.

Otro de los retos estratégicos fundamentales para mejorar el trámite del IMV es el acortar procedimientos, eliminar lo dispensable de todo procedimiento administrativo con la intención de reducir el tiempo de resolución y de implementación del recurso. El esfuerzo económico del Ministerio con la puesta en marcha de esta iniciativa no siempre es traducible en operatividad y eficacia. Bien pudiera ser mitigado también con la aplicación de nuevos avances técnicos que además garanticen de manera eficaz la posibilidad de concertar citas en la Seguridad Social.

En definitiva, desde nuestra experiencia profesional estamos seguras de que la atención desde el autobús no va a mejorar las graves carencias, ya descritas, de esta prestación ni a evitar que sus potenciales beneficiarios y beneficiarias padezcan su tortuosa tramitación. Pedimos al Gobierno que estudie en profundidad los nudos que se producen en el procedimiento administrativo pues es ahí donde radican los problemas. La ciudadanía no necesita que se le explique su problema con el IMV, la ciudadanía necesita recibir la prestación con rapidez, sin trabas y en condiciones de dignidad e igualdad.

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