Ingreso Mínimo Vital y Servicios Sociales

En la reunión se ha hablado sobre la actual situación de los Servicios Sociales, que están saturados y mal dotados de profesionales para poder afrontar una prestación que corresponde a otro Sistema de Protección, que es la Seguridad Social. Tras la pandemia los Servicios Sociales debieron asumir demandas de otros sistemas de protección que no les correspondían: educación, empleo o vivienda, por lo que se ha incrementado la demanda cerca de un 70%, sin refuerzo de profesionales y provocando un cuello de botella.

Por tanto, si desde el Trabajo Social debemos formar parte del proceso de gestión del Ingreso Mínimo Vital (IMV) aportando dichos certificados, ahogaremos definitivamente este Sistema Público, sin poder cumplir con los plazos marcados e incorporando a otras figuras de la administración local, como son los secretarios, que nos requerirán más información y detalle de la situación para poder certificar.

Sin embargo, consideramos que es importante la implicación de los y las profesionales del Trabajo Social en la emisión de estos informes y de otras acciones vinculadas al seguimiento de la prestación, acompañamiento. Por ello, consideramos que son los y las profesionales adecuados para realizar esta tarea, pero contratados/as y dependientes de la Seguridad Social, no de los Servicios Sociales de municipios.

Por otro lado, el pasado 11 de mayo pudimos trasladar nuestras consideraciones a Marisa Saavedra, Diputada del Grupo Unidas Podemos. Como Trabajadora Social, Marisa conoce bien la importancia de acompañar los procesos y comparte nuestras inquietudes en la repercusión que sobre la ciudadanía tiene el acceso a esta prestación.

El Consejo General del Trabajo Social ya presentó enmiendas al Real Decreto Ley, mantuvo reuniones con Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 y con la Dirección General del Inclusión Social. Se ha pedido expresamente que la gestión se realice desde la Seguridad Social y que este tipo de certificados no se hagan desde los Servicios Sociales. Sin embargo, es una realidad que ya ha llegado a los Centros y, por tanto, damos un paso más en acompañar a los y las trabajadoras sociales.

El Consejo de Ministros del 2 de febrero de 2021 aprobó el Real Decreto 3/2021 por el que se adoptan medidas para la reducción de la brecha de género y otras materias en los ámbitos de la Seguridad Social y económico. Este Real Decreto fue convalidado por el Congreso de los Diputados acordándose su tramitación como Proyecto de Ley por el procedimiento de urgencia.

Estamos solicitando el apoyo a los grupos parlamentarios ya que en estos momentos este Proyecto de Ley se encuentra en la Comisión de Trabajo, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones en trámite de enmiendas. No obstante, y mientras que la tramitación del citado Proyecto de Ley concluya o, salvo que se apruebe un nuevo Real Decreto Ley que modifique la normativa actual el Real Decreto Ley 3/2021 está en vigor y es de obligado cumplimiento.