La Diputación foral de Bizkaia y el Consejo General del Trabajo Social firman un acuerdo para el desarrollo y cesión de modelos de Diagnóstico Social y de instrumentos comunes.

Desde la Diputación Foral de Bizkaia se viene investigando sobre un modelo de inclusión centrado en la persona, dentro del Área de Inclusión Social (Servicio para la Inclusión) y su Departamento de Empleo, Cohesión Social e Igualdad, en colaboración con otros departamentos, se combate la desigualdad exigiendo la mejora en la calidad de vida de las personas en exclusión social y en las víctimas de violencia machista.

Este miércoles, 14 de febrero de 2024, la Diputación foral de Bizkaia y el Consejo General del Trabajo Social firman un acuerdo para el desarrollo y cesión de modelos de Diagnóstico Social y de instrumentos comunes. Este permitirá enriquecer y ampliar la construcción del conocimiento de un sistema de indicadores para el diagnóstico social, que son de aplicación desde el trabajo social para la emisión de juicios diagnósticos bajo una terminología y criterios comunes. Lo que contribuye al desarrollo de los Servicios Sociales y al impulso del conocimiento científico.

A través de este acuerdo se trabajará para que las personas usuarias del Sistema Público de Servicios Sociales, tanto de atención primaria como especializada reciban un juicio diagnóstico de sus necesidades sociales, en materia de exclusión social o desprotección por violencia machista, midiendo los niveles de desprotección y/o de exclusión social y elaborando un diagnóstico social especializado respecto de las mismas.

Desde que el Gobierno Vasco en el año 2013 reguló el modelo de diagnóstico social, (Decreto 353/2013, de 28 de mayo, de Ficha Social del Sistema Vasco de Servicios Sociales y del instrumento de diagnóstico social del Sistema Vasco de Servicios Sociales 385/2013, de 16 de Julio, por el que se aprueba el Instrumento de Valoración de la Exclusión Social) éste se ha ido desarrollado y hoy es pionero en la atención social.

La Diputación Foral de Bizkaia viene realizando un trabajo exitoso e innovador en el Modelo de Diagnóstico Social especializado en Jóvenes en el ámbito de exclusión social, en el Instrumento común de la valoración social de la desprotección de mujeres víctimas de violencia machista y en el desarrollo del Manual de Terminología y Criterios Técnicos Comunes de aplicación – Diagnóstico Social Especializado de la Dirección General de Inclusión Social.

Estas herramientas desarrollas por la Diputación Foral de Bizkaia ponen la mirada en la necesidad de comprender la violencia machista, con el objetivo de que esta colaboración pueda dar pie a la configuración de un sistema propio, desde los Servicios Sociales, para el conjunto del Estado, en la atención a las víctimas de violencia machista. Es por ello por lo que se quiere seguir desarrollando este instrumento que posibilite poner la mirada en todos los ámbitos vitales que las mujeres puedan tener afectados. Según señala la Diputación muchas de las mujeres víctimas que atienden no tienen capacidad de resiliencia, tienen comprometidos todos sus ámbitos vitales, derivado de las situaciones vividas, no solo por la falta de autoestima o de cómo componer unas relaciones rotas y dañadas, sino porque es preciso implicar a toda su red, la necesidad de abrir la mirada y comprender todo el entorno de la víctima. Hasta ahora no se está haciendo y el instrumento de valoración diagnóstica sin duda puede contribuir a ello.

Por otro lado, el Consejo General del Trabajo Social considera necesario y prioritario el desarrollo conceptual de la profesión del Trabajo Social como disciplina científica, partiendo del rol protagonista y cooperativo de la ciudadanía atendida, definiendo lo que es el diagnóstico social desde la clave de prestación técnica de derecho. Y por supuesto como reserva de actividad de la profesión del trabajo social. Emiliana Vicente, presidenta del Consejo General del Trabajo Social recalca que “el trabajo social trabaja para promover cambios estructurales, hacia un nuevo modelo en la forma de provisión de los servicios que garanticen, no solo el cumplimento de los pilares europeos de los derechos sociales, sino un fortalecimiento en la forma de entender la protección social desde la inclusión social como derecho de ciudadanía en un Estado Social, democrático y garante de derechos”.

Este proyecto que iniciamos juntos, Diputación y Consejo General, se centra en definir lo que es el diagnóstico social, avanzando en la utilización de un lenguaje común, basándonos en la colaboración interinstitucional que facilitará y favorecerá la investigación para la sistematización de la terminología que el trabajo social utiliza en las expresiones de sus valoraciones y diagnósticos sociales, así como para la extracción de los criterios comunes (implícitos en los juicios diagnósticos que se vienen aplicando desde la práctica en la profesión) para diagnosticar la situación de exclusión social, independientemente de las condiciones o requisitos de acceso a los diferentes dispositivos asistenciales del Sistema de Servicios Sociales.

“Es necesario y prioritario que se unifique el criterio exclusión social como categoría propia de unos Servicios Sociales que dejan de tener la satisfacción de necesidades materiales básicas como objeto prioritario y que ponen el foco en la interacción, como bien protegible, y en el instrumento de valoración. No se trata de que cada profesional valore el riesgo de exclusión social, incluso en muchas entidades ya se trabajan con instrumentos propios, se trata de acordar o legislar, el instrumento unificado aplicable puesto que se puede llegar a generar una desigualdad en la valoración que perjudica principalmente a la ciudadanía en función de qué profesional le atienda, dónde viva o qué servicio realiza la valoración”, palabras de Emiliana Vicente.

Oscar Seco, Director de Inclusión Social de la Diputación de Bizkaia señala que “las valoraciones y diagnósticos especializados, nos ayudan a estructurar intervenciones que no se basan solo en mera intuición o arbitrariedad del operador social, sino que estas se fundamentan en datos empíricos y en la observación, basados en el conjunto de necesidades que presenta la persona, el grupo o el sistema en el que se encuentra”.

Explica también, sobre los programas que se desarrollan en la Diputación, que “hemos creado un sistema de atención especializado para jóvenes en exclusión social y otro para las víctimas de violencia machista. En estos susbsistemas ponemos la mirada en la vulnerabilidad de los jóvenes y en las situaciones derivas del conjunto de ámbitos vitales que la rodean. Ante la posible falta de proyecto vital, la ausencia de relaciones afectivas, mapas relacionales fuertemente dañados analizamos cómo estos aspectos afectan a todos los ámbitos de la vida de estos jóvenes y mujeres. Por eso es clave el apoyo que puedan recibir para construir y dar pasos significativos en sus propios proyectos vitales”.

Gracias a este acuerdo de cesión pretendemos conjuntamente elaborar y aprobar una terminología y criterios comunes a utilizar por el trabajo social en sus juicios diagnósticos, y desarrollar y conceptualizar las que se consideran categorías diagnósticas propias del trabajo social. Dotando a esta profesión de las bases fundamentales y esenciales para su avance como disciplina científica en los diferentes ámbitos del ejercicio profesional. Sin duda este acuerdo, comenta Emiliana Vicente “permitirá desarrollar la investigación comparada, la validación de las estrategias de intervención del trabajo social a nivel estatal con resultados comparables. Contribuirá a trabajar coordinadamente entre profesionales y entre otros sistemas de protección con una terminología y criterios comunes. Para fundamentar así los avances en políticas sociales en pro de la justicia social, impulsar el desarrollo de los servicios públicos y los sistemas públicos de bienestar social, así como las intervenciones basadas en derechos sociales, de ahí, la importancia de las categorías diagnósticas asociadas a derechos”.

Es indudable la contribución del trabajo social tanto a la creación, el desarrollo y el impulso del Sistema Público de Servicios Sociales. Es por ello por lo que este acuerdo generará un efecto práctico para la profesión a la hora de interpretar su verdadero rol, cuestionando esa visión tradicional de que un o una trabajadora social es quien exclusivamente puede gestionar recursos o acompañar en la elección de los mismos. A través del desarrollo de este trabajo conjunto entre la Diputación Foral y el Consejo General, el trabajo social asume su papel esencial para el impulso del acompañamiento vital. Muchas de las trabajadoras sociales que trabajan en la Diputación comentan que con este instrumento diagnóstico y desde su enfoque les ha ayudado a acompañar a las personas de otra manera, incluso en el propio diálogo que se establece y en la forma en la que se relaciona con la persona usuaria.

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