Aprobada la nueva Ley de Servicios Sociales para Extremadura

El pleno de la Asamblea dio ayer luz verde a la nueva Ley de Servicios Sociales, un texto que viene a sustituir a la actual normativa, que data de 1987, y garantiza el derecho “real y subjetivo” de todos los extremeños a la prestación de los servicios sociales. Pese a las críticas iniciales, el PP logró sacar adelante la normativa con el apoyo del PSOE e IU tras incorporar 45 de las 92 enmiendas presentadas por los grupos, entre ellas una formulada por la coalición de Pedro Escobar que obliga a blindar el 10% del presupuesto a este fin en un plazo de tres años. Entre los cambios introducidos también se establece una ratio máxima de 3.000 personas por trabajador social y se rebaja de 10 a cuatro años el periodo de vigencia de los planes estratégicos de servicios sociales. “Se trata de una magnífica ley que nace del consenso y el diálogo”, defendió la diputada popular Felisa Cepeda, que negó que el texto sea “la antesala” de la privatización del sistema, tal y como sugirieron en un principio los grupos de la oposición.

La nueva Ley de Servicios Sociales, definida por el Ejecutivo regional como una ley “de tercera generación”, busca adaptar el sistema a las necesidades actuales sustituyendo a la anterior normativa, que ha quedado “obsoleta” después de 26 años en vigor. El texto coordina los servicios sociales con el resto de herramientas de protección social, como las leyes de la renta básica o de la dependencia; dota de un marco financiero “estable” a los servicios públicos y configura la atención al ciudadano como un derecho, dividiéndola en dos niveles: básica y especializada.

Tanto el PSOE como IU y el Prex-Crex criticaron ayer la premura, el momento y la escasa participación con la que se ha tramitado la ley, que salió adelante casi por unanimidad —solo los regionalistas se abstuvieron en la votación final— tras incorporarse la mayoría de las modificaciones planteadas por los grupos. La más importante es la que hace referencia a la financiación de los servicios sociales, una enmienda formulada por IU para blindar el 10% del presupuesto (en estos momentos, unos 500 millones anuales) a este fin durante los próximos tres años. En un principio Escobar pedía fijar la cifra en el 12%, pero después aceptó una transaccional del PP para rebajarla al 10% y que se alcance en un plazo de tres años.

Este punto no cuentó con el apoyo del PSOE ni el Prex Crex, que optaban por “no precipitarse” al cifrar la cantidad y garantizarla con un crédito ampliable en cada ejercicio después de realizar un estudio previo. Otra de las enmiendas “capitales” de IU que también ha sido incorporada al texto establece que los trabajadores sociales de los ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes pasen a depender directamente de la Junta, siempre que las competencias no sean de los municipios, para que los empleados gocen de una mayor estabilidad y seguridad laboral. Asimismo, se ha fijado la ratio de población por trabajador social en 3.000 personas, rebajándose en relación al resto de comunidades por la configuración geográfica de la región.

“Está claro que la vieja y caritativa asistencia social debía pasar a la historia”, dijo Escobar, que aunque defendió la necesidad de aprobar una nueva ley, señaló que “lo más deseable hubiera sido debatirla en otro momento de la legislatura, no al final, y con mucho más consenso y diálogo”. Al margen de las enmiendas de IU, la oposición ha sumado fuerzas para sacar adelante buena parte de las propuestas presentadas, entre ellas rebajar de 10 a cuatro años el periodo de vigencia de los planes estratégicos de servicios sociales o la modificación de la composición del Consejo Asesor de Servicios Sociales. Igualmente, han pactado la modificación del texto inicial en aquellas cuestiones que entendían que podían interpretarse como “la antesala a la privatización” del sistema, cuestión que después negó la popular Felisa Cepeda. Frente a las críticas de los grupos, la diputada también defendió que para buscar el consenso, su grupo “se ha sentado con todos”, partidos políticos y colectivos implicados, y acusó al PSOE de no querer participar en el proceso.

Por su parte, la diputada socialista Consolación Serrano replicó que la propuesta de ley del PP estaba “hueca y vacía” y apeló a la suma de las fuerzas de izquierdas para sacar adelante “una buena ley, consensuada y fruto del diálogo social”. “Una ley de todos y para todos”, dijo Serrano, que además de la “ausencia total” de diálogo, criticó que el texto inicial no definiera la financiación de los servicios y lo dejara “todo” para el desarrollo del reglamento posterior.

Podéis ver este Video la Sesión del Pleno de la Asamblea de Extremadura de ayer 12 de Marzo de 2015. Donde se debate y aprueba la nueva Ley de Servicios Sociales.