EL CONSEJO ANDALUZ DE TRABAJO SOCIAL DENUNCIA QUE LA CIUDADANÍA NO PUEDE SER REHÉN DEL DESENCUENTRO DE LAS ADMINISTRACIONES EN POLÍTICAS SOCIALES

La pérdida de atención social profesionalizada que va a sufrir la ciudadanía del municipio de Cádiz tras la no continuidad de 24 profesionales que durante los últimos diez años han venido prestando sus servicios en el marco de los Servicios Sociales Comunitarios vienen a confirmar este desmantelamiento. De la misma forma se causaría un gran perjuicio si no se garantiza en 2015, tal como se ha manifestado públicamente en el entorno de la Consejería, la continuidad del personal de refuerzo de los mismos servicios que en toda la comunidad autónoma está próximo a los 300 profesionales del Trabajo Social,

Sin entrar en la guerra de cifras, el Consejo quiere trasladar la situación de auténtica angustia y presión por parte de la ciudadanía en la que los trabajadores sociales ejercen su actividad profesional. La demanda se ha incrementado en el último año en un 74% según datos del Informe de Servicios Sociales, y por otro lado la puesta a disposición de las personas de los recursos sociales sigue realizándose con tal tardanza que en algunos casos aboca a las familias a la caridad y la beneficencia.

Los profesionales que conforman el Consejo Andaluz de Trabajo Social vuelven a incidir, como ya lo hicieron en abril en una jornada en la que expusieron los pilares básicos que debería contemplar la futura Ley de Servicios Sociales , que la aprobación de una norma con rango de ley que garantice derechos subjetivos es la única garantía de cumplimiento de derechos de ciudadanía; por ello se congratula con las declaraciones de la Sra. Consejera que anunció una pronta tramitación parlamentaria.

Por último, manifestar que desde nuestro colectivo queremos dejar constancia de que no vamos a quedarnos pasivos mientras presenciamos cómo se desmantela poco a poco el Sistema Público de Servicios Sociales, sistema que garantiza la atención a la ciudadanía en una situación de crisis, que hace que se vulneren los derechos de las personas más indefensas.