Servicios Sociales

El Sistema Público de Servicios Sociales persigue construir una sociedad más inclusiva y sostenible. Tiene la indudable capacidad de acompañar a las personas, familias, grupos y comunidades. Lo relacional y la reconstrucción de las comunidades y convivencia son aspectos fundamentales de su esencia. Por ello, se debe garantizar el derecho de todas las personas a los servicios sociales.

Este sistema afronta los riesgos de una sociedad cada vez más individualista, insolidaria y desconectada de su propio ecosistema donde las necesidades sociales están en continuo crecimiento.

Por ello, abogamos por unos servicios sociales que respondan a las necesidades de la ciudadanía y de los que las y los profesionales del Trabajo Social, profesión referente del sistema, podamos sentirnos orgullosas de pertenecer. Se debe realizar una buena planificación de políticas sociales y elaborar normativas que definan competencias y articulen la estructura del Sistema Público de Servicios Sociales para garantizar su universalidad y ampliar su cobertura.

Desde la estructura colegial, que representa a más de 46.000[1] profesionales del Trabajo Social, se ha presentado[2] recientemente el Modelo del Sistema Público de Servicios Sociales que defiende el trabajo social[3]. Un documento que surge a partir de los materiales, consensos y conclusiones resultantes de un proceso de estudio, reflexión y discusión, tendente a la reconceptualización del Sistema Público de Servicios Sociales y del papel de nuestra profesión en este sistema[4]. Documento que contiene la propuesta de Modelo del Sistema Público de Servicios Sociales que presenta y lidera el trabajo social para el siglo XXI[5].

Siguiendo esta línea de reflexión, como medida transversal, proponemos la firma de un pacto social para el refuerzo del Sistema Público de Servicios Sociales. Para desarrollarlo, los partidos políticos y las administraciones públicas competentes deben de comprometerse con una sociedad cohesionada, más justa y equitativa.

Por ello hay que:

1. Desarrollar normativamente los Servicios Sociales en el Principado de Asturias[6].  A través de una ley de tercera generación que declare los Servicios Sociales como un derecho y establezca unos servicios sociales comunes para todo el territorio de la comunidad autónoma, reconociendo derechos subjetivos en la ley, para lograr la cohesión y la justicia social.

2. Garantizar el acompañamiento y el apoyo profesional a la ciudadanía. La intervención profesional es un valor fundamental del sistema. Se debe conceder más importancia a la intervención profesional que a las prestaciones económicas, fortaleciendo el sistema con ratios de profesionales adecuados: 1 profesional del Trabajo Social por cada 1.700 habitantes. Ampliar el número de profesionales del Trabajo Social y dedicar tiempos para intervención preventiva y comunitaria. Como garantía de atención, se deberá establecer en la ley que las y los profesionales de Trabajo Social somos el profesional de referencia en los servicios sociales de base.

3. Fortalecer la multidisciplinariedad para responder de forma integral. Fortalecer el proceso de atención social desde una perspectiva integral a través de equipos multidisciplinares en los Centros de Servicios Sociales de atención primaria para dar respuesta a la prevención y el trabajo comunitario que nos está exigiendo la ciudadanía y que eleve la calidad y la respuesta de los Servicios sociales actuales.

4. Garantizar los derechos vitales es necesario para poder mantener una vida digna. Se establecerá un catálogo de prestaciones y servicios, con una parte garantizada como derecho subjetivo, cooperando con los Ayuntamientos para avanzar en la armonización de los aspectos legales y procedimentales de las ayudas económicas de emergencia municipal, todo ello para lograr que la ciudadanía asturiana tenga una vida digna. Un sistema de garantía de ingresos que no se englobará dentro del Sistema Público de Servicios Sociales. Todo lo relacionado con la vivienda y la garantía de ingresos, se entienden como sistemas de protección social propios, al igual que ocurre con educación, sanidad o servicios sociales.

5. Incrementar la calidad del sistema público de servicios sociales. Desarrollar la carta de servicios garantizando el carácter preventivo y comunitario del sistema público de servicios sociales con estándares de calidad, instrumentos de evaluación públicos, ratios de atención y mecanismos de coordinación, así como un modelo de financiación transparente y suficiente, con una parte garantizada por reglamento y/o decreto como derecho subjetivo.

6. Potenciar la agilidad, eficiencia y eficacia estableciendo un modelo unificado de Centro de Servicios Sociales Municipales, con estructura, personal técnico y administrativo por ratio de población e indicadores sociodemográficos de dificultad social. Dotar de personal suficiente a los centros para garantizar a la ciudadanía la respuesta cercana, adecuada y rápida de sus necesidades sociales. Planificar los servicios sociales especializados con un criterio de cercanía a la ciudadanía y continuar incrementando la coordinación entre sistemas, tanto sociosanitarios como con educación y justicia, favoreciendo la atención integral a las familias de nuestra comunidad autónoma. Cada sistema se tiene que ocupar de sus competencias, evitando convertir al sistema público de servicios sociales en subsidiario cuando fallan los demás.

7. Garantizar la participación de la sociedad civil. Apoyar la participación directa de la sociedad civil en la programación, control y evaluación de los servicios sociales retomando el Consejo Regional de Servicios Sociales que fue eliminado por la Ley 9/2010, de Acompañamiento de los Presupuestos.