Dependencia

Debe ser prioritario la promoción de la autonomía personal y la atención a la dependencia. Hay que reforzar el desarrollo de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia, estableciendo entre otras actuaciones los acuerdos y compromisos entre administraciones que sean necesarios. Debe considerarse como cuestión de primer orden eliminar las situaciones de desprotección y desatención derivadas de las listas de espera incrementando el personal de trabajo social y otros profesionales precisos para ello.

Si bien, reducir la lista de espera en el reconocimiento de la situación de dependencia, no puede conllevar el fomento del intrusismo profesional. El colectivo de Trabajo Social manifiesta su rotundo rechazo[1] al Decreto 4/2023 que modifica el procedimiento de reconocimiento de la situación de dependencia. Dicha normativa establece un nuevo perfil profesional de referencia dentro del sistema “profesionales especializados del SAAD” lo que implica que se aúnen las funciones que desarrollaban profesionales de ámbito sanitario y social indistintamente, tanto en la aplicación del baremo de dependencia (antes a cargo de todos los perfiles) y elaboración de la valoración social y realización del Programa individual de Atención (PIA), labor que con anterioridad realizaban las y los trabajadores sociales por ser la profesión competente para estas funciones.

Además, se debe trabajar por un cambio de modelo de cuidados de larga duración, equilibrando los valores en el cuidado conjugando la salud con la libertad de la persona de forma que:

1. Se incrementen los medios destinados a apoyar el cuidado en el propio entorno-domicilio de las personas. Es preciso invertir en un modelo de atención sociosanitaria integrada, centrada en la persona, desde la coordinación de servicios y apoyos, implementando medidas económica y socialmente sostenibles. Todo ello redundaría en la mejora de la eficiencia y calidad de vida de la persona atendida.

2. Se refuercen los medios humanos, materiales y se potencie un cambio profundo del modelo de alojamiento para personas mayores y con diversidad funcional, permitiendo la continuidad de sus proyectos de vida. No son centros de mera custodia, son lugares para vivir y convivir que garanticen la intimidad, ofreciendo los apoyos y cuidados conforme las necesidades individuales. Es necesario adaptar los centros, primando la dignidad, los valores y capacidades de cada persona.

3. Se luche contra el edadismo. La edad no nos homogeneiza, al igual que tampoco nuestra diversidad funcional. Cada persona posee sus propios rasgos, características, competencias, valores… independientemente de su edad o grado de autonomía. Todas y todos somos ciudadanos con derechos y deberes. Cambiar la mirada actual que tenemos hacia las personas mayores y con diversidad funcional.