Vivienda

La Vivienda debe ser entendida como un sistema más de protección social que permite garantizar el bienestar de la persona. Un sistema independiente de la educación, garantía de ingresos, la salud y los servicios sociales.

Por ello, desde el Colegio Oficial de Trabajo Social de Asturias creemos en la necesidad de poner en marcha medidas que mejoren la problemática de vivienda[1] que existe en Asturias con el fin último de garantizar el derecho a la vivienda como un derecho universal y vital.  

Las mismas[2] habría que aplicarlas progresivamente y de forma conjunta, y no deben tomarse dichas medidas como acciones puntuales y aisladas.

Medidas a corto plazo:

1. Movilización de vivienda vacía y puesta en marcha de programas de intermediación de vivienda eficaces que promuevan la salida al mercado de viviendas vacías con precios asequibles y den garantías adecuadas a las personas propietarias e inquilinas. Los programas existentes son poco ambiciosos y no están obteniendo los resultados deseables. Se propone que el arrendamiento se realice directamente entre la propiedad y la administración pública.

2. Puesta en marcha de un programa de mediación en vivienda con objeto de contribuir a un buen uso e integración comunitaria (conocimiento del entorno).

3. Puesta en marcha de un servicio de asesoramiento jurídico al menos a nivel autonómico, que contribuya en el conocimiento de los derechos y obligaciones tanto de la parte arrendadora como arrendataria, dirigido a las personas con menor capacidad económica.

4. Creación del aval arrendaticio público para las familias más vulnerables económicamente y que carecen de un aval y/o fiador/a solidario.

5. Creación de equipos interdisciplinares de carácter social integrados, como mínimo, con trabajadoras sociales y otros profesionales de ámbito jurídico y social especializados en la materia. Dirigidos a detectar, intervenir y apoyar a aquellas familias con dificultades en relación a sus derechos y deberes como arrendatarias y su inclusión comunitaria. Estos equipos deben coordinarse y cooperar con los servicios sociales municipales, con entidades del tercer sector, así como con otros departamentos a nivel autonómico y/o local con el fin de realizar una atención integral centrada en la persona y aunar recursos.

6. Mejora de la eficiencia de la gestión autonómica y municipal. Agilizar los trámites de ayudas al alquiler autonómica con mejora de las bases reguladoras tendente al pago mensual de las ayudas y su encaje legal con las ayudas de ámbito municipal.

7. Promoción de la flexibilización de la legislación reguladora de las subvenciones con el fin de no dejar a nadie atrás en el acceso a las ayudas o prestaciones en materia de vivienda, así como en otros ámbitos, por tener deudas con la administración pública en un momento de gran vulnerabilidad.

8. Suspensión de los procedimientos judiciales tendentes al desahucio de vivienda pública, especialmente donde se detecte problemas graves sociales, económicos y/o de salud, promoviendo la intervención social y la mediación, así como el pago fraccionado de la deuda real, con objeto de reconducir los impagos u otras problemáticas, siempre que sea posible.

Medidas a medio y largo plazo:

1. Mejorar legislación materia de vivienda de ámbito autonómica que permita avanzar en el derecho a la vivienda con garantías y considerar la vivienda desde el prisma de la función social.

2. Aumentar el parque público de vivienda, con criterios sociales de accesibilidad universal, eficiencia energética y perspectiva de género, promoviendo la vivienda dispersa en diferentes municipios y edificaciones.

3. Rehabilitación urgente de todo el parque público actualmente pendiente de actuaciones de reparación y con criterios sociales de accesibilidad universal, eficiencia energética y perspectiva de género.

4. Realización de un censo de viviendas privadas y públicas actualizado, recogiendo diferentes datos relativos a su ubicación, tamaño, accesibilidad, estado etc. Registro de vivienda vacía de obligado cumplimiento a grandes tenedores.

5. Creación de un registro público de infravivienda tendente a la retirada de la cédula de habitabilidad y establecimiento de medidas que permitan la rehabilitación de dichas viviendas y su incorporación al mercado inmobiliario a través de programas de intermediación de vivienda públicos.

6. Estudio y elaboración de una ley de vivienda autonómica.

7. Realización de un estudio de la situación de sinhogarismo en Asturias según la tipología europea ETHOS, de forma coordinada y participada con las entidades locales y sociedad civil.