Defendamos con una red sólida de servicios sociales los derechos de la Infancia todos los días

Desde el Consejo General del Trabajo Social, reclamamos que las Políticas Sociales deben vertebrar un sistema público de servicios sociales que proteja de forma integral todos los aspectos que afectan a la vida cotidiana de los niños, niñas y adolescentes. Así lo marca la
Convención de los Derechos del Niño, adoptada unánimemente por la Asamblea de Naciones Unidas el 20 de noviembre de 1989 y ratificada por España el 6 de diciembre de 1990. Es responsabilidad, por tanto, del Gobierno español garantizar estos derechos.

También lo establece el artículo 39 de la Constitución Española y distintas normativas autonómicas. Los servicios sociales ejercen un liderazgo en la promoción de los Derechos de la Infancia, en la prevención de los factores de riesgo y en la implementación de las diferentes medidas de protección que afectan a las personas menores de edad y a sus familias. Corresponde a la red pública de servicios sociales el planificar y diseñar los recursos, organizar y distribuir las competencias, los perfiles profesionales, las herramientas técnicas o establecer la financiación.

En el Consejo nos sumamos a la iniciativa llevada a cabo por UNICEF en defensa de un Pacto de Estado por la Infancia. FIRMA AQUÍ.

Más allá, consideramos necesario que la legislación vigente en materia de Infancia y Adolescencia avance y se modifique acorde con las demandas que desde los distintos escenarios (político, técnico y colectivos ciudadanos) que trabajamos en este ámbito, hemos expresado en órganos de coordinación y representación, comisiones de trabajo y otros espacios de participación. Estas demandas se sustentan en la experiencia de años de trabajo, de estudios e investigaciones, de evaluaciones de planes, programas y proyectos, de responsabilidad en la gestión, de quejas, sugerencias, escucha, observación e intervención.

Con la aparición del Anteproyecto de Ley de Protección a la infancia se abren oportunidades para el Sistema Público de Servicios Sociales, que le exige recrear, mejorar y adecuar su estructura de recursos, tanto en la atención primaria (actuaciones de promoción, prevención, diagnóstico, seguimiento e intervención con menores en situación de riesgo social), como en la atención especializada (declaración de desamparo, acogimiento residencial acogimiento familiar y adopción). El contenido de su articulado requiere más que nunca un Sistema Público de Servicios Sociales que, en los distintos ámbitos de las administraciones públicas, implemente en la práctica su mandato de forma coordinada y homogénea garantice a la Infancia y Adolescencia equidad y universalidad en el acceso a los diferentes servicios y prestaciones que sean necesarios en función de sus circunstancias personales, familiares y sociales.

Pero la situación actual nos abre también amenazas importantes para que el “superior interés del menor” y el cumplimiento de sus derechos no sean meras frases retóricas: El impacto de los recortes presupuestarios a partir de 2010 en la financiación del Sistema Público de Servicios Sociales y la Aparición de la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local aprobada en diciembre de 2013. Desde 2010, la dotación presupuestaria del Estado a Servicios Sociales ha caído de 90 millones de euros en 2010 a 32 millones en 2014, (que se mantiene en los presupuestos de 2015) a pesar del aumento brutal de la demanda, en un 74%. Si concretamos, en dotación presupuestaria destinada a la infancia (educación, salud y protección social) ha caído desde el 2010 en 6.370 millones de euros, 772 euros por niño/a.

La población infantil y adolescente en España es la que sufre el impacto más severo de la situación económica y política actual. Una alta tasa de pobreza infantil (27,5%), vivir en hogares con privación material severa (8,3%), vivir en riesgo de pobreza o exclusión social (32,6%), dificultades cada vez mayores de las familias en los ámbitos de la educación, la salud, especialmente en su vertiente preventiva, en los colectivos de diversidad funcional, etnias, menores extranjeros no acompañados…

Los sucesivos recortes presupuestarios y las sucesivas reformas legislativas han minimizado hasta su desaparición en muchos casos, tanto los programas y servicios de prevención y promoción, como los profesionales responsables de su implementación. Esto significa que difícilmente se puede contemplar una labor minuciosa en plazos, programas de intervención en riesgo y valoración en su caso de desprotección (desamparo), con lo que queda de los Servicios Sociales Municipales. Es una de las grandes lagunas del Proyecto, obviar el papel fundamental del Sistema Público de Servicios Sociales (generales y especializados), en el proceso de aplicación de esta Ley.