DÍA INTERNACIONAL CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO

La violencia de género es una de las lacras de nuestra sociedad que atenta directamente contra los Derechos Humanos y los Derechos Fundamentales, al atentar contra la igualdad y la no discriminación por razón de sexo.

A pesar de las declaraciones institucionales que reconocen esta violencia como un problema que es necesario erradicar, la violencia contra las mujeres no solo no ha dejado de producirse, sino que asistimos a un creciente uso de los menores como herramienta para aumentar el daño hacia las mujeres.

En todo 2016, 44 mujeres y un menor fueron asesinados. En lo que llevamos de año, según cifras oficiales, han sido asesinadas 44 mujeres y 8 menores, lo que viene a demostrar que es necesario invertir no solo en concienciar a las mujeres para que denuncien a sus agresores. También es necesario mejorar los mecanismos de protección. Las y los trabajadores sociales exigimos más inversión y medios.

El Consejo General del Poder Judicial, en 2016 registró 142.893 denuncias por violencia de género, 70.236 en el primer semestre del año. En el mismo periodo de 2017, se han registrado 83.198, un 18,45% más. Estas cifras indican claramente que la violencia de género se incrementa de un año para otro.

En este 25 de noviembre, exigimos la aplicación inmediata del Pacto de Estado contra la violencia de Género, que firmó en septiembre parte del Congreso. En él se incluye el compromiso de iniciar las reformas legislativas para que concluyan todas las formas de violencias machistas y compromete a todas las administraciones. Las trabajadoras y los trabajadores sociales exigimos que este se convierta en un instrumento eficaz, con la aplicación de los elementos positivos en la lucha contra la violencia de género.

Es decisión del Gobierno el aumento en 200 millones de euros de los presupuestos del Estado en 2018, para poner en marcha las medidas contra la violencia de género acordadas, entre otras cosas, para financiar los servicios de asistencia jurídica, social y psicológica a las víctimas en todo el territorio del Estado, como establece el art. 19 de la Ley 1/2004. En estos servicios que ya existen tiene un papel fundamental la figura del/la trabajador/a social. Posponer su implantación contribuirá a que las mujeres sigan siendo asesinadas.

Es palpable el incremento de discursos misóginos en las redes, en internet y entre sectores de la población joven. Por eso, no solo hay que proteger adecuadamente a las mujeres y sus hijos/as en situaciones de violencia, facilitando los recursos necesarios. Sino que es fundamental insistir en la prevención, sobre todo desde el sistema educativo y el sistema público de servicios sociales, donde los y las trabajadoras sociales somos piezas clave para contribuir a las campañas de prevención y sensibilización. Es necesario cambiar los estereotipos machistas y fomentar relaciones igualitarias entre los hombres y las mujeres.

Sigue pendiente que se contemplen todas las formas de violencia, como es la violencia sexual, y que tenga su tratamiento como violencia de género, tal y como contempla el Convenio de Estambul, ratificado por España. No puede ocurrir como vemos estos días en el juicio de Pamplona, que cuando se denuncian los hechos, sea la propia víctima la que está siendo juzgada.

No acabaremos con las violencias machistas mientras no se implementen decididamente políticas públicas para acabar con la desigualdad de género y se vertebre una sociedad basada en el fomento de las relaciones de respeto, buen trato e igualdad de género.