Día mundial de la Justicia Social: brecha digital y problemas de acceso a prestaciones como el Ingreso Mínimo Vital

Según el Observatorio Nacional de las Telecomunicaciones y la Sociedad de la Información, el 60% de los desconectados son mujeres y, según el Instituto Nacional de Estadística, uno de cada tres hogares (31,5%) con una renta inferior a 900 euros no tiene acceso a internet, frente al 99% de los hogares con ingresos superiores a los 2.500 euros, que manifiestan tenerlo.

Señala Naciones Unidas en el Día Mundial de la Justicia Social que la crisis también ha puesto al descubierto la creciente brecha digital, en particular, en lo que respecta a la disponibilidad, asequibilidad y el uso de la información, las TIC y el acceso a internet, lo que ha agravado las desigualdades existentes.

Ya nos anunciaba el Relator Especial de Naciones Unidas, Philip Alston, el 7 de febrero de 2020, que España tiene una excesiva burocratización que hace que miles de familias no puedan acceder o no tengan respuesta de las Administraciones Públicas. Por tanto, el reto de la España digital a través de las TIC tiene claramente que empezar por generar procesos de acceso rápidos y eficaces.

Desde el Consejo General del Trabajo Social analizábamos esta misma semana el Real Decreto-Ley 3/2021 y, concretamente, las nuevas medidas que introduce para reforzar el Ingreso Mínimo Vital. Consideramos que uno de los retos estratégicos fundamentales para las personas en situación de vulnerabilidad es recortar procedimientos, eliminar lo dispensable de todo trámite administrativo al objeto de reducir al máximo el tiempo de resolución y de implementación de esta prestación. Con sistemas para la recogida de información que sean ágiles, veraces, fiables, y transparentes donde tener sistematizada toda la información atendiendo a la brecha digital y de acceso a toda la ciudadanía. A la brecha digital y los complejos procesos administrativos, debemos unir también la inoperatividad de los recursos telemáticos destinados a la realización de trámites, cuando deberían estar diseñados y dirigidos para acompañar en los procesos de inclusión social.

Como trabajadores y trabajadoras sociales tratamos de fomentar la accesibilidad a las TIC como medio de aprendizaje y de igualdad de oportunidades para la ciudadanía. Nuestra intervención ha de ir dirigida hacia la inclusión social y inclusión digital de los colectivos más desfavorecidos.

Esta sobrecarga de trabajo burocrático, de tramitación, de papeleo, del “vuelva usted mañana” en los Servicios Sociales comunitarios, supone un clamoroso riesgo para la intervención social con las personas y en el proceso de acompañamiento profesional.