Día Universal del Niño y la Niña. ¡Reivindiquemos su dignidad!
Los y las trabajadoras sociales recordamos la alarmante pobreza infantil y exigimos políticas que respeten los derechos y dignidad de los niños y niñas.
El Consejo General del Trabajo Social (CGTS) denuncia que 1 de cada 5 niños y niñas vive en pobreza en España. Esta situación ha ido creciendo con los recortes presupuestarios y ha situado a España a la cola de la Unión Europea.
El CGTS incluye en su documento de propuestas para que los partidos las incluyan en sus programas electorales un epígrafe destinado a la infancia, que resume nuestra visión y reivindicaciones:
17. Pacto por la infancia y Servicios Sociales.
La incidencia del aumento de la pobreza y el desempleo, junto con el empeoramiento de las condiciones laborales y los recortes sociales han situado a muchos niños y niñas españoles en situación de riesgo de pobreza y exclusión social. España se ha puesto en los primeros puestos en Europa en pobreza infantil. Además se pone de manifiesto que las medidas que se han tomado han tenido muy poco impacto en la reducción de la misma. La situación ha ido creciendo desde el inicio de la crisis y para muchas familias se está convirtiendo en estructural.
En cuanto a los recursos para la protección de la infancia, se puede decir:
Existen grandes carencias en los servicios sociales de zona de programas de apoyo a la infancia en riesgo, asimismo existe un reparto desigual de los mismos, existiendo más posibilidades en las ciudades que en los entornos rurales.
Existe una carencia de una normativa básica a nivel estatal en servicios sociales que permita garantizar un mínimo marco en todo el Estado en cuanto a recursos para la protección de la infancia y una escasa estabilidad en el empleo de los equipos profesionales especializados en infancia y familia.
La clara insuficiencia de recursos en la proximidad hace que sea necesario el refuerzo necesario de los servicios de apoyo a las familias, tanto para la prevención como para el apoyo
y el acompañamiento en todas las comunidades autónomas. El papel de los municipios en la detección del riesgo y la puesta en marcha de medidas para propiciar el apoyo necesario antes
de la declaración de desamparo evitaría el deterioro de muchos casos e incluso llegar a la propia declaración desamparo de muchos niños y niñas.
Algunas de las medidas giran en torno a la necesidad de refuerzos en los equipos profesionales y otras en torno al refuerzo de los recursos, por lo que sería necesario:
Incluir en los criterios de acceso a las prestaciones de servicios sociales a familias con hijos e hijas una deducción de gastos básicos como vivienda.
Reforzar las ayudas de emergencia social de los servicios sociales municipales frente a la beneficencia.
Incrementar la cobertura actual de las becas de comedor escolar como prestaciones económicas del Catálogo de prestaciones económicas Sistema de Servicios sociales.
A todas esas medidas propuestas, se les pueden sumar otras medidas coyunturales con objeto de paliar los efectos de la crisis. Pero estas medidas deben garantizar una atención con
dignidad que evite la beneficencia y la estigmatización de los niños y niñas cuyas familias tienen menos recursos, poniendo de ejemplo la gran proliferación del reparto de alimentos a
través de entidades del tercer sector y los comedores sociales, que singularizan su intervención en familias pobres.
- La participación de la infancia en todos los procesos de la intervención social.
- La Ley de protección a la infancia y la adolescencia es una oportunidad de desarrollo de los Servicios Sociales, pero requiere un Sistema Público de Servicios Sociales equiparable a otros sistemas de Bienestar en el marco constitucional que es el que garantiza a la ciudadanía el cumplimiento de sus derechos.
Es necesario superar los puntos débiles que esta ley presenta respecto al Sistema Público de Servicios Sociales, ya que su contenido obvia el papel fundamental de los Servicios Sociales (generales y especializados), en el proceso de aplicación de esta Ley, por lo que debería: o Definir la responsabilidad de la corporación local como competente en materia de protección de la infancia para la medida administrativa de riesgo, ya que su papel es importante para la investigación, el diagnóstico y el establecimiento de programas de prevención y preservación familiar.
o A su vez debería definir las competencias en medidas de desamparo de manera clara de los municipios, diputaciones, cabildos, Comunidades Autónomas y contemplar Órganos de Coordinación Interautonómicos en los niveles técnicos, políticos y de sistemas de bienestar.- El papel de los municipios en la detección del riesgo y la puesta en marcha de medidas para propiciar el apoyo necesario antes de la declaración de desamparo evitaría el
deterioro de muchos casos e incluso llegar a la propia declaración desamparo de muchos niños y niñas.
- Hay insuficiencia de recursos en la proximidad que hace que sea necesario el refuerzo necesario de los servicios de apoyo a las familias, tanto para la prevención como para el apoyo y el acompañamiento en todas las comunidades autónomas.
Por otra parte, como miembro de la Federación Internacional de Trabajo Social (FITS), el Consejo también forma parte de la ‘Iniciativa Global para detener el castigo corporal hacia los niños y niñas’. CONSULTA AQUÍ LA INICIATIVA
Del mismo modo, destacamos iniciativas de visibilización del tercer sector, complementario al Estado de Bienestar y con el que colaboramos asiduamente. Con ellos hemos debatido y compartido experiencias y denuncias a los recortes presupuestarios, que han sumido a demasiados niños y niñas en la pobreza. Son interesantes las campañas de Ayuda en Acción, que pone el foco de las elecciones en los niños y niñas candidatos a vivir toda una vida en la pobreza, o las de Save The Children. Del mismo modo, hemos firmado la campaña de Unicef para que se cree un Pacto de Estado por la Infancia.
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