El Consejo General del Trabajo Social comparece en el Congreso

El Consejo General del Trabajo Social fue llamado como institución que representa a cerca de 40.000 trabajadores y trabajadoras sociales en España, para dar su punto de vista sobre el problema de la violencia contra los niños y las niñas. La presidenta del Consejo, Ana Lima, la encargada de comparecer, estuvo acompañada por la vocal de la Junta de Gobierno Ana Maya.

Ana Lima hizo un repaso general a las situaciones de violencia en niños y niñas y destacó la necesidad de centrarse en la violencia social, en los diferentes contextos de lo cotidiano donde esta se manifiesta.

Lima analizó la normativa que concierne a la violencia en el ámbito de la infancia. La Ley Orgánica 1/96 del 15 de Enero de Protección Jurídica del Menor, aseguró “no da respuesta a todas las formas de violencia”. Por ello, valoró el Proyecto de Ley que se aprobó en el Consejo de Ministros de 20 de febrero de 2015 y que pretende modificarla.

No obstante, advirtió que el proyecto de ley obvia el papel de los servicios sociales municipales. “Existe un vacío porque no aporta datos de financiación, de recursos necesarios para poner en marcha las acciones que se mencionan. Para que los Estados garanticen los derechos es necesaria una guía de establecimiento de los principios rectores de la actuación administrativa”, aseguró.

La presidenta del CGTS defendió “el claro liderazgo de los servicios sociales en la protección de la infancia”. Añadió que existe un consenso en la necesidad de que “la legislación vigente sea acorde a las demandas en los distintos escenarios que ya se han expresado en órganos de coordinación, comisiones de trabajo, etc”.

Los datos de exclusión y pobreza infantil, en crecimiento de la mano de la crisis económica y los recortes presupuestarios, ponen de manifiesto la necesidad de medidas, insistió Ana Lima. “El sistema de servicios sociales es necesario en este ámbito, pero la Ley de reforma local lo pone en peligro”, denunció.

Turno de preguntas
La diputada socialista Marisa Carcedo, inició el turno de preguntas destacando la importancia de la inclusión de las medidas contra la violencia en niños y niñas en la red pública de servicios sociales. Preguntó a Ana Lima sobre la creación de mecanismos de coordinación y sobre las pérdidas de puestos de empleo en el sector y la carga de trabajo.

Ana Lima explicó que en la actualidad, existen protocolos de coordinación con diversos organismos que atienden a la violencia infantil, pero están fragmentados. “No existe una estrategia estatal en todas comunidades y en cada ayuntamiento tienen un protocolo de coordinación distinto. Hay una gran heterogeneidad”. Lima añadió que esta realidad en ocasiones “impide un buen estudio de cómo está la cuestión porque no permite tomar los mismos parámetros ni estándares de calidad”.

También explicó cómo se calcula que según el Informe Servicios Sociales en España (ISSE), de 2013 a 2014 se perdieron alrededor del 33% de los puestos de trabajo en servicios sociales, mientras el aumento de la demanda “ha sido importante”. “Va a dificultar hacer un buen trabajo en todas esas funciones especificas de los servicios sociales, incluso en la detección del riesgo”, advirtió.

Ana Lima prosiguió su turno de respuestas asegurando que “en servicios sociales se han aprobado muchas leyes que luego no se han instrumentalizado y por lo tanto no se han aplicado como se debiera, lo cual lleva también a una sobrecarga de trabajo”.

Por su parte, la diputada del PP, Pilar Marcos, destacó las propuestas de mejora que recoge el proyecto de ley (aprobado por el Gobierno y en trámite parlamentario) y aseguró que existe una “apuesta importante” para mejorar el colectivo a corto y medio plazo. Del mismo modo, insistió en que los derechos de la infancia se deben traducir en una negociación colectiva, en una estrategia gobierno y no departamental, desde la transversalidad. Preguntó a Ana Lima sobre si el ISSE recoge alguna mejora en la situación social de las familias en el último año y por la vigilancia de los niños y niñas en el uso de las nuevas tecnologías.

Ana Lima valoró que el proyecto de ley de protección jurídica del menor tenga cuenta la normativa anterior que ya está en funcionamiento y que recoja los avances conseguidos en los últimos años pero insistió en “la sombra de la reforma local”. “No sabemos cómo quedará todo, qué pasará con los programas de detección, de prevención. Al contrario de lo que se va a hacer, es necesario reforzar los servicios sociales”, insistió.

También explicó que el ISSE no recoge ningún tipo de mejora en la situación de las familias.

Sobre los menores e internet, Ana Lima, abogó por respetar también la intimidad de los niños y niñas, entendiendo que el uso de su propia imagen puede llegar a suponer episodios de violencia contra ellos. Lima lamentó la “dificultad de borrar la huella digital. más allá de acciones concretas de denuncia”. Por todo ello, defendió el trabajo con centros educativos, incluyendo en los currículos escolares la formación en cómo usar las redes sociales, cómo navegar por internet y cómo restringir la privacidad. Esta labor sería apoyada desde los servicios sociales, explicó Ana Lima, apoyando a los padres y madres, para que entendieran los problemas reales y potenciales de sus hijos en un ámbito, el de internet 2.0, que muchos desconocen.