El Consejo General del Trabajo Social exige una moratoria real a los desahucios

El Consejo General del Trabajo Social (CGTS) exige que se aplique una moratoria a los desahucios y que esta no quede en una declaración de intenciones más. El CGTS, que representa a los 37 colegios de profesionales del trabajo Social, con unos 40.000 colegiados, considera que se debe cortar ya la situación de emergencia social que viven centenares de miles de familias. “No podemos permitir que haya más suicidios”, denuncia la presidenta del CGTS, Ana Lima.

En los últimos meses, varios colegios profesionales del Trabajo Social están trabajando intensamente en la recogida de firmas para presentar Iniciativas legislativas populares promoviendo, entre otras medidas, una moratoria a los desahucios, la dación en pago o el alquiler social.

Los y las trabajadoras sociales, profesionales de referencia de los servicios sociales, esperan que los grandes bancos paralicen los desahucios en casos de “extrema necesidad”, como han anunciado. Eso sí, el CGTS recuerda que esa situación de vulnerabilidad no sólo se debe mirar en la economía familiar. Ana Lima insiste en que se debe tener una visión integral: “Debemos tener en cuenta si hay menores, la vulnerabilidad, las cargas familiares y los cambios recientes en su estructura, así como las situaciones que ponen a la familia en riesgo de exclusión, como si ha habido una separación”.

Los y las trabajadoras sociales insisten en que más allá de la moratoria en los desahucios el Gobierno no debe recortar más en los servicios sociales, ya que sólo generarán más pobreza. “Las familias tienen derecho a una vivienda y también a comer. Los y las trabajadoras sociales cada vez tenemos más casos que atender, pero nos dejan sin recursos”, denuncia Lima. De hecho, en algunos casos, la demanda en servicios sociales básicos en los ayuntamientos ha crecido hasta un 250%, según cálculos de estos profesionales (no hay datos oficiales). En cambio, el recorte previsto en los Presupuestos Generales de 2013 para la red de atención básica, donde se atienden los casos más graves, es del 40%. Desde 2011, el tijeretazo en esta partida ya supera el 60%.
El próximo viernes, el Consejo General del Trabajo Social se reúne con otras corporaciones profesionales, como la Fundación Abogacía y los Notarios y Registradores de la Propiedad, en el marco de Unión Profesional, para plantear alternativas a la legislación sobre desahucios.