El Consejo General saluda con satisfacción la primera Ley de Vivienda del Gobierno en democracia

Ayer día 5 de octubre ha sido aprobado en el Consejo de Ministros la proposición de Ley de Garantía del Derecho a la Vivienda digna y adecuada, el Consejo General del Trabajo Social saluda con satisfacción a la primera Ley de Vivienda del Gobierno en democracia, a pesar de ser un derecho fundamental recogido en la constitución española en su Art. 47. “Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación. La comunidad participará en las plusvalías que genere la acción urbanística de los entes públicos”.

Nos encontramos ante un acontecimiento histórico si esta proposición de Ley finalmente prospera.

El Trabajo Social apuesta cada día por mejorar la calidad de vida de las personas, como agentes de cambio que somos, acompañándolas en el ejercicio de sus derechos. Es tiempo de recuperar la función social de la vivienda. La falta de una vivienda digna, de un hogar en el que poder desarrollar un proyecto de vida personal y familiar dificulta todas las demás situaciones a las que pueda enfrentarse una persona.

La vivienda, además de ser una necesidad básica de las personas, es un derecho constitucional e imprescindible en el ejercicio de otros derechos sociales… Actualmente, la vivienda es uno de los determinantes sociales más importante para explicar los procesos de exclusión social. Es por ello, que hablar de vivienda obliga a realizar no solo un enfoque económico y territorial en el abordaje de políticas públicas de vivienda, sino también social, para que las personas tengan disponibilidad de acceso y disfruten de una vivienda digna y adecuada.

En los Presupuestos de 2022 que previsiblemente llegaran al Congreso de los Diputados en las próximas semanas, el Gobierno ha anunciado la puesta en marcha de un bono joven de vivienda por valor de 250 euros mensuales, con el objetivo de fomentar la emancipación de los jóvenes. Somos uno de los países de Europa con el índice de emancipación de mayor edad. En rueda de prensa el Presidente Pedro Sánchez refería que “hablar de vivienda, hablar de urbanismo sostenible es en definitiva hablar de una recuperación justa y por tanto inclusiva que no excluya territorios y que no excluya a las personas sobre todo a las más vulnerables…es la prioridad de todos los gobiernos” el Presidente espera que los presupuestos generales para el año 2022 sean refrendados.

La proposición de Ley de garantía del derecho a la vivienda digna y adecuada implica medidas tales como este nuevo bono joven de vivienda, el macroimpulso de la rehabilitación, las normas de movilidad sostenible y la Ley de Arquitectura. Con especial mención a importantes medidas para impulsar la rehabilitación residencial en España y que se enmarcan en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

El Gobierno también prevé destinar un total de 6.820 millones de euros del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia a regeneración urbana, construcción de viviendas de alquiler social en edificios energéticamente eficientes y rehabilitación.

Consideramos que cualquier tipo de medida debe devolver a la vivienda su función social frente a su función especulativa, garantizando el acceso a una vivienda digna y adecuada, al conjunto de la ciudad, pero de manera muy especial a aquellas personas y familias con menores recursos económicos consolidando un parque de vivienda protegida suficiente. Con medidas tales como:

- Regulación estatal del suelo público.
- La reserva de suelo urbanizable para vivienda protegida.
- Establecer líneas de subvención para el fomento de la construcción de vivienda protegida.
- Establecer soluciones habitacionales para aquellos casos que se encuentren en una situación de especial vulnerabilidad (personas sin hogar).
- Incentivar las ayudas de alquiler social para la población más desfavorecida. – Articular apoyos complementarios en el marco de los servicios sociales a las familias en riesgo de pérdida de vivienda por impago que eviten el desalojo forzoso.
- Poner en marcha el Informe de Impacto Social, ante nuevos desarrollos urbanísticos.
- Refuerzo del derecho de una vivienda digna a precio asequible, – Medidas coyunturales y complementarias para abordar la pobreza energética.