El Parlamento andaluz rechaza dar los nombres de las profesionales de las unidades de violencia de género

El Consejo General del Trabajo Social (CGTS), que representa a 36 colegios profesionales y 40.000 trabajadoras/es sociales en toda España, se congratula de la decisión del Parlamento andaluz de rechazar la solicitud del partido Vox de conocer los nombres y apellidos de las/los profesionales destinados en los equipos que luchan contra la violencia de género.
Nos satisface que todos los demás grupos parlamentarios se hayan comprometido a salvaguardar la confidencialidad, y con ello probablemente también la seguridad personal, de los y las trabajadoras de estas unidades que evalúan los casos de violencia de género, los Equipos Psicosociales de los Juzgados de Familia y los equipos de menores incluidos.
El CGTS desea comunicar además que estará vigilante ante cualquier intento de menoscabar o amedrentar a nuestras/os colegiadas/os, o a cualquier otra profesión involucrada en la lucha contra esta lacra, y en la defensa de la integridad de las víctimas, en Andalucía o en cualquier otra parte del territorio español.
Las trabajadoras sociales, y sus homólogos varones, son fieles defensores de los valores de la profesión que trabaja por la justicia social, la dignidad de las personas y los derechos humanos*. Su profesionalidad no puede ni debe quedar cuestionada por motivos ideológicos por parte de una formación política que duda incluso de la propia existencia de una violencia machista estructural (más de mil mujeres asesinadas desde 2003).
Recordamos que en septiembre de 2017 se aprobó por mayoría parlamentaria un* Pacto de Estado que reconocía la Violencia de Género como un problema de Estado*. Urge seguir avanzando en la aplicación de las medidas urgentes aprobadas en el Real Decreto-Ley 9/2018, de 3 de agosto.
Entre ellas, la acreditación como víctima de violencia de género a efectos no judiciales en base a los informes profesionales de las y los trabajadores sociales que actúan en primera línea de acción en la asistencia a muchas mujeres y sus hijos, víctimas de maltrato, para poder garantizarles el acceso a las medidas de protección sociales.