Envejecimiento activo en España: aportaciones desde el Trabajo Social

La crisis sanitaria, económica y social ha puesto de manifiesto la necesidad urgente de afrontar grandes retos, puesto que estamos ante el “avance de una crisis social acumulada”, como así ha señalado Emiliana. El punto de partida fue la privatización en Servicios Sociales a partir de 1996, continuando con la crisis financiera internacional de 2008 y sus efectos en Servicios Sociales por los recortes sociales de 2012-2013. El colapso de los Sistemas de Protección Social en el contexto de la Pandemia provocada por la COVID-19 a partir de marzo de 2020 no ha hecho sino agravar la situación. De esta forma, la creciente tendencia a la desigualdad afecta directamente a los colectivos más vulnerables, como en este caso a las personas mayores.

Las medidas planteadas por Emiliana están realizadas desde un enfoque basado en derechos y responsabilidades de la ciudadanía y en acciones que garanticen su ejercicio. Estas propuestas han sido trabajadas en el seno del Consejo General del Trabajo Social en colaboración con grupos de trabajo, como la Federación de Municipios y Provincias (FEMP), el Grupo de trabajo de Protección Integral de Mayores de Unión Profesional y la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología (SEGG). Entre ellas destacan:

• Alianza por la defensa del Estado de Bienestar.
• Inclusión de las pensiones en la Constitución Española como derecho fundamental.
• Apuesta por una estrategia de soledad no deseada.
• Desarrollo de un modelo de cuidados de larga duración.
• Elaboración de una Ley Integral de Derechos de los Mayores, una Ley Integral Transversal de Cuidados y un Pacto de Estado por los Ciudadanos.
• Aplicación efectiva de la Ley de Dependencia y de la Ley para el * Desarrollo Sostenible del Medio Rural.
• Coordinación sociosanitaria estructural .
• Desarrollo del tejido comunitario.
• Extensión de la Administración digital y la accesibilidad.

Estas medidas han sido planteadas en la línea de la agenda de las Naciones Unidas sobre Ciudades y Comunidades Amigables con las Personas Mayores impulsada en el seno de la Organización Mundial de la Salud (OMS), el marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y el Pilar Europeo de Derechos Sociales, que coinciden en la necesidad de situar los derechos de las personas como clave de las políticas públicas. En coherencia con este planteamiento, las personas mayores han de situarse en el centro de las acciones puestas en marcha por el conjunto de las Administraciones Públicas.

También en esa dirección apuntaba el último Libro Blanco del Envejecimiento Activo publicado por el Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso, 2011). La sociedad ha avanzado mucho en estos diez años, sin embargo, es necesario el esfuerzo colectivo para garantizar la cohesión social, la igualdad de trato y la solidaridad entre generaciones, así como la colaboración de todas las instituciones, entidades, sectores, agentes y colectivos sociales para fomentar y extender la cultura del envejecimiento activo y saludable.