Jornada de presentación del VIII Informe FOESSA sobre exclusión y desarrollo social en España.

El informe señala las secuelas de los últimos diez años sobre la cohesión social, tras una cierta recuperación económica que no ha llegado por igual a todas las capas sociales y ha aumentado la exclusión severa.

Ante lo prolongado del empeoramiento de sus condiciones de vida, buena parte de la sociedad muestra cierta “fatiga de la solidaridad”. La mitad de la población es crítica con las ayudas sociales y expresa que ahora ayudaría menos que hace diez años. El miedo y la incertidumbre, alentado desde ciertas instancias políticas y mediáticas ha generado problemas como el incremento de la xenofobia.

El informe da cuenta de la evolución de la exclusión en España, el papel de las políticas sociales como respuesta a la crisis, que no han estado a la altura de las necesidades planteadas, y como resultado, la gran desvinculación e inseguridad de amplias capas sociales.

Cifra la exclusión en más de 8,5 millones de personas (lo que representa el 18,4% de la población), 1,2 más que antes de la crisis. Cuatro millones viven en exclusión social severa.

La exclusión social es multidimensional y los distintos factores se retroalimentan, formando un circulo vicioso del que ahora es más difícil salir, con un tejido social debilitado y unos sistemas de protección recortados por las políticas económicas de salida a la crisis en el contexto europeo. En ese sentido se analizan los recortes sufridos en servicios sociales, dependencia, educación o sanidad en los últimos años.

El informe relata el fracaso de factores de integración fundamentales como la vivienda, o el empleo.

El acceso a la vivienda se ha convertido en un imposible para muchas familias. El informe indica que en los dos últimos años el alquiler de la vivendaha subido un 30%; o que dos millones de personas viven con el temor de ser desalojados de su vivienda.
La precariedad laboral es estructural: el 14% de las personas que trabajan están en exclusión social, mientras uno de cada tres contratos dura menos de siete días. El empleo ha dejado de ser el factor de salida de la pobreza.

La pobreza repercute en la salud. El 8,8% de la población ha abandonado tratamientos por no poder afrontar el copago de las medicinas y un 15% no se puede permitir un tratamiento bucodental.

La exclusión afecta especialmente a las familias numerosas (el 33% la sufren) y las monoparentales (el 28% en exclusión). Señalan la especial vulnerabilidad de los hogares con menores y jóvenes: dos de cada diez hogares con menores se encuentran en exclusión social.

La brecha de género aumenta en el espacio de la exclusión, presente en el 25% en los hogares cuya persona sustentadora principal es una mujer, duplicando la que existía en 2013. El ámbito de los cuidados, que es una necesidad social creciente en nuestra sociedad envejecida, también resulta un espacio de desigualdad al recaer de forma mayoritaria sobre las mujeres .Además las mujeres, deberían trabajar 1,5 horas más al día para ganar lo mismo que un hombre. Si es inmigrante, dos horas más.
La situación de desventaja de la población extranjera se está cronificando. Tienen mayor dificultad para acceder a una vivienda, sufren un desempleo persistente y precariedad laboral extrema.

El Informe Foessa identifica como gran riesgo social la pérdida de calidad de nuestra democracia. Explica que las personas con bajos ingresos y en exclusión social participan menos en los procesos electorales, lo que provoca que su voz desaparezca de los procesos electorales y su situación no entra en la agenda política, lo que ahonda más su situación de exclusión social.

Desde el CGTS convenimos con el informe en que es urgente y prioritario intervenir sobre el sector que se encuentra en exclusión severa y además aumentar la eficacia de los sistemas de protección social para la reforzar la cohesión social, de manera que no sean vulnerados los derechos de ciudadanía de ninguna persona.