JUSTICIA Y NO DISCRIMINACIÓN PARA EL TRABAJO SOCIAL PENITENCIARIO

La Asociación de Trabajo Social Penitenciario tiene entre sus objetivos la defensa profesional de un colectivo formado por 550 personas, donde el 89% son mujeres y el 11% varones, que se incorpora a la Administración Penitenciaria en el año 1983 y que ejercen su labor en 81 centros penitenciarios y 53 servicios de gestión de penas y medidas alternativas que corresponden a la Administración General del Estado (las Comunidades Autónomas de Cataluña y País Vasco tienen transferidas las competencias en esta materia).

Por su parte, el Consejo General del Trabajo Social, como corporación de derecho público, representa a más de 42.000 profesionales y es órgano superior representativo, coordinador y ejecutivo, en los ámbitos nacional e internacional, de los Colegios Oficiales de Trabajo Social, y, en su caso, de los Consejos Autonómicos en los que se integran, tiene entre sus funciones “ostentar la representación y defensa de la profesión a nivel nacional e internacional y convocar congresos nacionales e internacionales”. En cumplimiento de esta función se elabora una Investigación sobre la situación del Trabajo Social en Instituciones Penitenciarias, publicada en marzo del presente año, con resultados alarmantes que reafirman la discriminación laboral que supone para el colectivo el régimen jurídico aplicado en relación con otras profesiones del ámbito y área donde desempeñan su labor profesional.
El Trabajo social es una disciplina académica que promueve el cambio, el desarrollo y la cohesión social, el fortalecimiento y la liberación de las personas. En el ámbito concreto de Instituciones Penitenciarias, el Trabajo Social es una profesión consolidada que responde a un mandato constitucional, regulado desde la primera ley de la democracia y consolidado en la legislación penitenciaria actual (Constitución Española de 1978, Ley 1/1979 Orgánica General Penitenciaria, Reglamento Penitenciario de 1981 RD 201/81 y Reglamento Penitenciario de 1996 RD 190/96). Las funciones que desarrolla el Trabajo Social Penitenciario reflejan el compromiso con la reeducación y reinserción social de las personas que cumplen penas privativas de libertad y medidas alternativas al ingreso en prisión. Es el nexo de unión de la Administración Penitenciaria con las familias y la comunidad de estas personas e interviene con el mismo nivel de responsabilidad, tomando decisiones coordinadas y planificadas con el resto de profesionales del área de tratamiento, participando en los Equipos Técnicos y en las Juntas de Tratamiento, órgano colegiado de la Institución responsable en la toma de decisiones en materia de ejecución penitenciaria.
Desde la profesión también, se asumen labores de diseño y participación en programas específicos de intervención, atención individualizada/grupal a las personas privadas de libertad y sus familias, elaboración de informes técnicos intra y extrapenitenciarios (a órganos judiciales, a extranjería para valoración de arraigo, valoración del grado de diversidad funcional o dependencia, permisos de salida, libertad condicional, clasificación en grados de tratamiento, etc). Fuimos, además, declarados servicio esencial durante la reciente pandemia que asoló nuestro país en el año 2020.
Para acceder a desempeñar el puesto de Trabajo Social en el ámbito Penitenciario con categoría profesional M2 se exige como titulación la diplomatura en Trabajo Social, o equivalente, o el Grado correspondiente.
En la actualidad existe el Grado en Trabajo Social adaptado al EEES.
Estos estudios tienen una duración de 4 años (240 ECTS) estando al mismo nivel que la totalidad de las nuevas titulaciones universitarias de grado (Derecho, psicología, sociología o Pedagogía). El sistema selectivo es un concurso – oposición compuesto por varios exámenes de conocimientos teóricos y prácticos (test, temas y caso práctico), similar al resto de profesionales de la Institución Penitenciaria.
Pese a la legitimación jurídica, la consolidación científica de la disciplina y el nivel de responsabilidad y rigurosidad del Trabajo Social Penitenciario, somos el único colectivo profesional que participa en órganos colegiados y ejerce potestades públicas con categoría de personal laboral, frente al resto de profesionales que tienen categoría de personal funcionario, situando nuestra disciplina en una situación de clara asimetría laboral y condiciones discriminatorias: brecha salarial, imposibilidad de carrera profesional, imposibilidad de asumir puestos de dirección y gerenciales, ausencia de promoción interna, diferencias significativas en cuanto a la provisión de plazas y concursos de traslados, diferentes condiciones de jubilación y sistema médico o imposibilidad de percibir plus de productividad económica entre otras desventajas.
Es necesario señalar que otras Administraciones en el territorio nacional con competencias transferidas en materia penitenciaria si tienen integrado el Trabajo Social como personal funcionario y desarrollan las mismas funciones. Así, en la Comunidad Autónoma de Cataluña, la Ley 9/1986, de 10 de noviembre, de Cuerpos de Funcionarios de la Generalidad de Cataluña integra el Cuerpo de Trabajo Social como personal funcionario. Más recientemente, en el País Vasco, a través de la Ley 11/2022, 1 diciembre de Empleo público del País Vasco, se crea el Cuerpo Técnico, de la Administración Penitenciaria: Escala de Trabajo Social de la Administración Penitenciaria integrando como funcionariado a quien hasta entonces permanecían como personal laboral dentro de la Administración General del Estado.
Desde la Asociación de Trabajo Social Penitenciario y el Consejo General del Trabajo Social se ha trasladado esta realidad al Defensor del Pueblo, al Instituto de las Mujeres del Ministerio de Igualdad, a la propia Secretaría General de Instituciones Penitenciarias (que ha apoyado nuestro cambio de régimen jurídico laboral) y a la Comisión de Hacienda y Función Pública
del Congreso de los Diputados, solicitando se incorpore una enmienda al Proyecto de Ley de Función Pública que se está tramitando para erradicar esta discriminación.
Por todo ello, desde el Consejo General de Trabajo Social junto a la Asociación de Trabajo Social Penitenciario instamos a la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, al Congreso de los Diputados y al Ministerio de Hacienda y Función Pública para que articulen las medidas y procedimientos necesarios que pongan fin a esta situación tan injusta como desigual.
Para abordar estos y otros aspectos junto con las presidencias de ambas organizaciones organizamos esta rueda de prensa.

Ver rueda de prensa