Los Derechos de la Infancia, ¿Declaración o Convicción?

Desde la mirada del Trabajo Social observamos a diario como la realidad de la población infantil y adolescente en nuestro país está teñida de tópicos, rutinas, itinerarios y lemas que nos hablan a las claras de una percepción desenfocada y manifiestamente reticente por parte de la población adulta a reconocer y considerar a los niños y las niñas ciudadanía del presente, sujetos y actores protagonistas de derechos sociales, civiles y políticos, especialmente en el ámbito de la participación real como miembros activos de la sociedad.

A partir del 20 de noviembre de 1989, fecha en que se adopta por parte de Naciones Unidas el Tratado de la Convención de los Derechos de los Niños y las Niñas, y su posterior ratificación por parte del Estado Español en 1990, el contenido de su articulado es vinculante y por tanto tiene que formar parte de nuestro ordenamiento jurídico. Significa, por tanto, la obligación de garantizar los principios de protección, provisión, promoción y participación que inspiran los 54 artículos que la componen.

En los 24 años que lleva de andadura la Convención, las políticas de infancia y el marco legislativo en esta materia han estado focalizados principalmente en la construcción de un sistema de protección que se ha ido consolidando junto al sistema educativo y sanitario en los distintos ámbitos y niveles de las administraciones públicas. Sistema de protección que se ha estructurado a través de planes, programas, proyectos, equipamientos y recursos, dirigidos a prevenir factores de riesgo, evitar situaciones de maltrato y procurar el desarrollo integral de los niños y las niñas desde la clave de la preservación familiar, arbitrando, en aquellos casos que fueran necesarios, entornos alternativos que cumplieran el mismo objetivo.

Pero todo el esfuerzo planificador y normativo realizado para garantizar el “interés superior del niño”, se ha diseñado y definido al margen de este colectivo, desde el enfoque de los adultos y con la idea implícita de que las niñas, los niños y adolescentes no están legitimados (hasta su mayoría de edad) para abordar aspectos relacionados con la toma de decisiones, la expresión de opiniones, propuestas y exigencias en aquellos temas que les afecten y estén implicados.

Es constatable que en España los derechos que recoge la Convención relacionados con la promoción, difusión y participación (incluido el derecho de asociaciones y organizaciones infantiles) tienen un escaso desarrollo en la práctica y figuran más como ornamentación literaria de documentos, leyes, decretos o reglamentos que como expresión de un compromiso gradual y vinculante con el cumplimiento pleno y sin fisuras de esos derechos. ¿Cómo se entiende entonces su puesta en práctica? ¿Para qué les sirve a los niños y las niñas?

La invisibilidad real del protagonismo de la infancia y adolescencia en la sociedad actual contrasta sin embargo con el despliegue de visibilidad y utilización de su imagen en los medios de comunicación social. Por una parte, los intereses de la mercadotecnia y sus reclamos publicitarios y, por otro, la búsqueda de sentimientos de pena y solidaridad, entendida como beneficencia, para competir en audiencias de reality show, ponen de nuevo a los niños y las niñas al servicio del “supremo interés de los adultos” y del “supremo interés del mercado”.

La regresión de derechos y los recortes en todos los sistemas de Bienestar que estamos viviendo, especialmente en los últimos tres años, arrojan cifras escalofriantes para la mayoría de la población, pero tiene su principal impacto en aquellos colectivos más vulnerables. Y la infancia se coloca a la cabeza de estos colectivos.

Los últimos estudios e informes, realizados por las más relevantes instituciones plataformas y organizaciones vinculadas a la infancia en España, muestran a las claras cómo se van quebrando los apoyos, los recursos, las estrategias y los objetivos que se han marcado desde los administraciones públicas, las iniciativas sociales y la propia ciudadanía para materializar los Derechos de la Infancia en la vida cotidiana.

El Gobierno español aprobó el II Plan Estratégico Nacional de Infancia y Adolescencia 2013 –
2016 (II PENIA), después de una pausa de tres años ya que el I PENIA acabó su recorrido en el
2009. Si bien es cierto que este II Plan recoge en buena medida las recomendaciones del
Comité de los Derechos del Niño, es necesario tener en cuenta que la política de recortes y la
reducción bestial del gasto público en los tres últimos ejercicios presupuestarios ha reducido
de forma considerable la financiación prevista y por ende la realización de los ocho objetivos
generales que conforma su estructura.

Las reformas legislativas en educación que disgrega y pone cada vez más dificultoso el acceso a la enseñanza de calidad (donde se limitan los recursos para el conocimiento de los Derechos Humanos), en la Sanidad (que cierra plantas hospitalarias y privatiza recursos de salud), en la Administración Local, (que elimina los Servicios Sociales de proximidad en los municipios de menos de 20,000 habitantes) y otros muchos ataques a los Sistemas de Protección y de Bienestar.
Desde el Consejo General del Trabajo Social venimos denunciando las consecuencias que, para la ciudadanía en general y para la Infancia en particular, está significando el desmantelamiento y la privatización de los Sistemas Públicos y, con especial virulencia, el de Servicios Sociales. Afectan a materias especialmente sensibles en las que están implicados niños, niñas y adolescentes: comedores escolares, desahucios de viviendas, menores extranjeros no acompañados, familias con todos sus miembros en paro, violencia y maltrato, supresión de actividades extraescolares, deportivas y culturales. Todo ello nos sitúa en un escenario de inseguridad, desprotección y malestar que aleja injustamente el horizonte del cumplimiento de los Derechos de la Infancia. ¿Se trata entonces de programar una vez más actos de conmemoración para la galería?
En el XII Congreso de Trabajo Social, celebrado recientemente en Málaga y que reunió a 1.300 profesionales, validamos y reafirmamos nuestro compromiso de situarnos siempre al lado de las personas, promoviendo el respeto a los Derechos Humanos y los Derechos Sociales en todas nuestras actuaciones y trabajando para que la justicia social y la dignidad de las personas sean el eje de todas las políticas públicas.